El artículo 37 el proyecto de ley de responsabilidad penal empresaria fue el detonante para que el pedido de desafuero del diputado y ex ministro de Planificación, Julio De Vido, se colara este mediodía en la sesión de hoy en la Cámara baja.
El legislador de la Coalición Cívica, Fernando Sánchez, defendió el texto del mismo, que establece que las empresas pueden solicitar el acogimiento voluntario a un acuerdo administrativo de colaboración eficaz. Irónicamente la oposición denomina a ese artículo «Odebrecht».
«Hasta que un día Cambiemos dijo acá ‘se está protegiendo a funcionarios públicos’, hacía tres o cuatro años que no se ordenaba ni siquiera un allanamiento. Ese fin de semana un fiscal ordenó un allanamiento contra la empresa Odebrecht», recordó el diputado de la CC, que sostuvo –mirando hacia donde se ubican los legisladores del FPV– que «parte de la política no quiere activar los mecanismos para salir de la impunidad».
Sánchez agregó que «las empresas con las que ustedes dicen que nosotros somos bondadosos están condenadas a prisión, a pagar plata y a confesar, excepto en un solo lugar: en la Argentina. ¿Saben para qué no quieren que confiesen en la Argentina? –se preguntó Sánchez– Porque son los funcionarios públicos a los que se les pagó, los que todavía están libres».
Su alocución desató los gritos de la bancada kirchnerista. Sin embargo, eso no lo frenó y explicó que con el artículo 37, «como la justicia no se mueve y como parte de ustedes son cómplices, sin necesidad de serlo, porque hay que ver cuando se vote el desafuero, la autoridad administrativa puede hacer un acuerdo para que la empresa que ya no tiene nada que perder revele los nombres.
«El problema es que si la justicia no llama y los otros cubren, acá van a pasar años hasta que pase algo. El pueblo argentino se los va a agradecer, no estamos entregando a nadie más que a los que cometieron actos de corrupción», concluyó Sánchez.
La réplica no tardó en llegar. Graciela Camaño, Héctor Recalde y el diputado Luis Rodolfo Tailhade contragolpearon. Camaño, miembro del bloque del Frente Renovador aseguró que «Cambiemos sabe que lo que proponen es inconstitucional» y los acusó de buscar «atajos para atribuirse cuestiones que no les pertenecen».
Recalde coincidió en que hay un problema de inconstitucionalidad con artículo que tiene que ver con la separación de poderes, un principio republicano. «Darle facultades al Poder Ejecutivo en este sentido resulta inconstitucional y genera inseguridad jurídica», enfatizó.
La contestación más enérgica llegó de la banca del diputado Tailhade quien le recordó a Sánchez que bajó su candidatura para renovar su banco a cambio de un lugar en la jefatura de Gabinete. «Hace un papel patético Sánchez. A mí no me va a correr con la corrupción, ahora que se va a trabajar con (Mario) Quintana y (Gustavo) Lopetegui», sentenció.
El cuarto intermedio no calmó las aguas. A su turno, Elisa Carrió salió con los tacones de punta al asegurar que el meollo de la cuestión pasaba por ver «cómo recuperamos lo robado». Para eso hay dos acciones posibles, dijo: «O porque el juez confisque, o porque se declare la nulidad absoluta e insanable de un contrato, de una licitación, por sobreprecios, o que venga la acción de lesividad del Estado».
Carrió defendió el artículo 37 y recordó haber propuesto en su momento a Carlos Balbín para el cargo de procurador del Tesoro de la Nación, y que también «el dictamen es negativo de Balbín, y yo reivindico ese dictamen». Y disparó: «¿En qué gobierno de ustedes hubo un dictamen negativo a la señora presidente, si los procuradores eran cómplices?».
El artículo que vivió el debate sobre la corrupción establece que «las personas jurídicas podrán solicitar el acogimiento voluntario a un acuerdo administrativo de colaboración eficaz (…) por hechos anteriores a la sanción de la presente ley».
GG
