El debate sobre el aborto, transversal y que divide a la gran mayoría de los bloques del Congreso, volvió a instalarse en la opinión pública en el último mes luego de que el Gobierno habilitara su discusión en el Parlamento.
Entre otros puntos, el proyecto establece en su artículo 1 que «en ejercicio del derecho humano a la salud, toda mujer tiene derecho a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las primeras catorce semanas del proceso gestacional». Además, asegura que toda mujer tiene derecho a acceder a la realización de esta práctica del aborto en los establecimientos del servicio de salud «en un plazo máximo de 5 (cinco) días desde su requerimiento«.
En el artículo 5, se señala que el sector público de salud, las obras sociales, las entidades de medicina prepaga y otros agentes que brinden servicios médicos deberán incorporar la cobertura integral de la interrupción del embarazo como prestación médica obligatoria para sus afiliados.
En ese sentido, el proyecto transversal aclara que no será necesaria ninguna autorización judicial previa para practicar un aborto.
La iniciativa aclara específicamente que a partir de los 16 años la mujer «tiene plena capacidad» para ejercer este derecho, y para el rango de 13 a 16 años también «se presume que cuenta con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento».
Pero además, se autoriza a las menores de 13 años, en cuyo caso se requerirá el consentimiento informado de la mujer, «con la asistencia de al menos uno de sus progenitores o un representante legal».
Por último, se derogan los artículos 85 inciso 2, 86 y 88 del Código Penal de la Nación, referidos a las sanciones para las mujeres que aborten.
