El funcionario explicó que los jubilados cobraban el beneficio en Formosa y «algunos desde casi diez años al acogerse a diferentes moratorias» y que las irregularidades fueron detectadas a partir de que «la actual conducción nacional decidió analizar muchos casos denunciados».
Herrara explicó que la Anses citó a unos 4.200 beneficiarios para corroborar domicilios, verificar identidad y residencia, y luego hubo un cruce de datos con organismos de control fronterizo como Migraciones. La capital formoseña y Clorinda, ciudades con mayor tráfico vecinal fronterizo, están ubicadas frente a las localidades paraguayas de Alberdi, Nanawa e Itá Enramada, donde es normal el cruce por los ríos Pilcomayo o Paraguay de vecinos guaraníes para cobrar pensiones, recibir asistencia en salud y educación.
Los beneficiarios tenían una remuneración 7.660 pesos mensuales, «lo que deja a las claras el monto de la defraudación al estado que ronda los 370 millones de pesos anuales», explicó.
