Mientras el propio presidente Alberto Fernández lidera una avanzada contra jueces a quienes desde el Gobierno se considera «no afines» a los postulados oficiales y se los acusa de haber llevado a cabo «detenciones arbitrarias», los remates de bienes confiscados al empresario kirchnerista Lázaro Báez siguen avanzando.
O por lo menos lo hace la titular del Juzgado Nacional en lo Comercial 28, Secretaría 55, María José Gigy Traynor, quien tiene a su cargo la quiebra de Austral Construcciones.
La magistrada acaba de ordenar el remate de un edificio propiedad de la empresa constructora del supuesto testaferro de Néstor Kirchner ubicado en la calle Franklin D. Roosevelt entre los números 1813/1815 y las calles Once de Septiembre de 1888 y Tres de Febrero, del barrio porteño de Belgrano.
La cita será el próximo miércoles 4 de marzo a las10:30hs en la Dirección de Subastas Judiciales, ubicada en la calle Jean Jaures 545 y la subasta estará a cargo de los rematadores María Francisca González Rodríguez y Horacio Enrique Garrido.
Se tratará de una subasta pública que arrancará con una base de u$s1,2 millones por la totalidad del edificio de 795,87 metros cuadrados cubiertos, con una planta baja de tres portones de acceso a cocheras y otros tres pisos más superiores.
En el inmueble actualmente funciona la FM Milenium, una emisora radial propiedad del empresario de los medios Santiago Pont Lezica.
Según consta en el expediente de la causa, el día del remate la totalidad del edificio se encontrará desocupada, mientras que las condiciones de venta serán «Ad-Corpus», al contado y al mejor postor.
El ganador deberá cancelar el 10% del importe de la seña durante el acto del remate y el resto dentro de las 72 horas posteriores, todo el dólares y depositados en una cuenta judicial. Además, deberá abonar el 10,50% en concepto de IVA sobre el 65% del precio de venta.
«El comprador o los compradores, deberán en el acto de suscribir el boleto de compraventa constituir domicilio dentro del radio de la Capital Federal», agrega la ordenanza de remate emitida por la jueza Gigy Traynor.
La publicación de este remate se conoce en el mismo momento en el cual la AFIP debe anunciar el pedido de condena para Lázaro Báez en el marco de la causa conocida como «la ruta del dinero K» que se inició con el gobierno de Mauricio Macri y en la cual el organismo recaudador es el principal acusador.
De hecho, unos días antes del desembarco del Frente de Todos en la Casa de Gobierno, los funcionarios del ente recaudador que ahora preside Mercedes Marcó del Pont elaboraron un informe de 500 páginas con una descripción minuciosa de los hechos y los pedidos de penas para todos los acusados.
El juicio se reanudó el miércoles 5 de febrero pasado cuando todos los imputados, incluyendo al propio Báez, debieron escuchar los alegatos y las acusaciones.
Ese día, la postura de la AFIP fue refrendada por el abogado Luis González Ávalos, quien vinculó a Báez con los Kirchner, al sostener que la designación del empresario «tuvo que ver con aquella relación de amistad que tenía con quien fuera el entonces presidente, Néstor Kirchner».
El letrado también dio por corroborado que, entre el 2010 y el 2013 se consumó un plan «tendiente a blanquear sumas millonarias de dinero que por supuesto, a estas alturas no hay dudas de que tienen origen delictivo».
Luego de esa presentación, el abogado habría recibido presiones de sus superiores y hasta de enviados de la familia Kirchner para conocer cuáles iban a ser los pedidos de penas en contra de Báez y el resto de los imputados.
Ahora, existe una gran expectativa en conocer ese pedido ya que se trata del primero de la AFIP y del actual gobierno en un juicio de corrupción luego de la llegada de Alberto Fernández a la presidencia de la Nación. En este juicio, además de la AFIP deben alegar la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera.
