La intención de reanudar el juicio se puso de manifiesto en una resolución firmada por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Enrique Méndez Signori que fue una respuesta al fiscal de juicio Diego Luciani, quien había reclamado por la continuidad del juicio por el negociado con la obra pública de Santa Cruz que fue a parar a manos de Báez quien -hasta que los Kirchner llegaron al poder- no tenía ninguna relación con la construcción de rutas.
Luciani había pedido que el Tribunal Oral Federal 2 retomara ese juicio por corrupción en la obra pública en el que también están imputados el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex secretario de Obra Pública, José López y Báez entre otras tantos. Pero también había reclamado el inicio de otros juicios que lleva adelante el mismo Tribunal Oral Federal y que estaban por comenzar en marzo pasado cuando se inició la “feria por pandemia”.
En la respuesta al pedido del fiscal los jueces se refirieron al caso donde está imputada la vicepresidente por el delito de defraudación a la administración pública; al de los integrantes de una cooperativa que estafaba a jubilados y pensionados a los que les descontaban dinero sin brindar ningún servicio y una banda de narcotraficantes. Los dos últimos juicios estaban en condiciones de iniciarse cuando se suspendió la actividad. El que tiene a la vicepresidente como la jefa de una asociación ilícita ya había comenzado.
Los jueces explicaron que en los tres casos hay muchos imputados y por eso determinaron que “…habrá de requerirse al Sr. Presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, se informe acerca de la disponibilidad de herramientas tecnológicas a los fines de celebrar audiencias de juicio oral, de modo remoto, con la posibilidad de conexión de hasta 50 puntos de acceso con la fluidez necesaria para realizar un acto de esas características; las medidas de seguridad informática con las que cuenta y, además, si existe algún protocolo en tal sentido a partir del cual puedan interiorizarse debidamente la totalidad de las partes intervinientes. Asimismo, ante la eventualidad de que sea necesaria la habilitación de alguna de la Sala de Audiencias del edificio para materializar esos actos, habrá de requerirse al Sr. Secretario General de la Cámara Federal de Casación Penal se informe sobre su disponibilidad y medidas implementadas por ese organismo a los fines de cumplir ese acto”.El camino para el reinicio del juicio por la obra pública millonaria entregada a Báez se allanará si el Consejo de la Magistratura puede garantizar las prestaciones tecnológicas para realizar un debate remoto con la calidad adecuada para que todas las partes participen en las mejores condiciones posibles. (Fuente Infobae)
