El Gobierno decidió derogar la reforma de las Fuerzas Armadas que había puesto en marcha el gobierno de Mauricio Macri, que permitía su incorporación a tareas de seguridad interior, con apoyo logístico, principalmente en las fronteras para controlar también narcotráfico y terrorismo, y resolvió adoptar las reglamentaciones que regían durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner, que limitan la actuación del Ejército ante las agresiones extranjeras.
El decreto 571, que lleva las firmas del presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y del ministro de Defensa, Agustín Rossi, dispuso el regreso a la DNU 727/06 que sostiene que las «agresiones de origen externo» están enmarcadas en «el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de nuestro país, o en cualquier otra forma que sea incompatible con la Carta de las Naciones Unidas».