Alberto Fernández presentará la reforma judicial

Fusionarán a los doce juzgados federales porteños con los penales económicos, y más adelante se crearán otros, para llegar a 46 juzgados.

Fusionarán a los doce juzgados federales porteños con los penales económicos, y más adelante se crearán otros, para llegar a 46 juzgados.

La idea inicial de Alberto Fernández era que avanzara una reforma de la Justicia Federal en las sesiones extraordinarias del verano del Congreso de la Nación, cuando su administración generó acciones como la Ley de Emergencia. Pero los cambios en la Justicia se demoraron, desde lo político, porque el kirchnerismo quiso terciar en esa reforma y más tarde por la llegada de la pandemia en Marzo.

En principio el presidente se puso a trabajar personalmente sobre el tema en su computadora, luego consultó con tres personas: Marcela Losardo, su ministra de Justicia con quien compartió estudio jurídico desde que egresaron de la facultad, con Gustavo Béliz, a quien escucha sobre diversos asuntos de Estado, los del poder judicial o el asunto de los servicios de inteligencia, la relación con los medios, los empresarios o la Iglesia y también con  Vilma Lidia Ibarra, la secretaria Legal y Técnica, cuya palabra es determinante a la hora de definir proyectos del Ejecutivo y la mano que controla, con detalle, todo lo que firma el Presidente. Ibarra ha tenido voz y voto en el proyecto que terminará llegando al Congreso de la Nación

La reforma pretende acelerar la aplicación del sistema penal acusatorio, en el cual quienes investigan son los fiscales, aprobado desde hace años pero con una implementación gradual. Además, Fernández  busca sumar más jueces federales, licuando así el poder de la docena actual de magistrados que se ocupan, centralmente, de las causas de corrupción y narcotráfico.

Esta reforma determinaría que queden 46 jueces federales en los tribunales porteños, que resultan de la suma de los actuales (12) más los que hoy se desempeñan en el fuero penal económico (11). Esa suma de 23 juzgados se duplicarán, para llegar a la cifra de 46 magistrados. No ​se unirán​ al fuero los juzgados nacionales porteños, como postulaba Gustavo Béliz, quien planeaba llegar a 85 juzgados federales.

Con esta reforma se apunta a trazar un nuevo mapa en Comodoro Py. Resta saber qué opinará la oposición de esta iniciativa, cuya letra es desconocida para los alfiles judiciales de Juntos por el Cambio.

El presidente  viene trabajando en este proyecto final de reforma judicial el último fin de semana, para terminar de definir los fundamentos. En esta iniciativa judicial no entraría la discusión sobre una eventual ampliación de la Corte Suprema de Justicia.

En este tema sí toma relieve la opinión de la Vicepresidente Cristina Fernández, quien ambiciona un tribunal supremo con mayor cantidad de integrantes, mientras que para el presidente la actual conformación con 5 jueces es la ideal. Esta diferencia se resolvería con la conformación de un consejo consultivo integrado por juristas, a quienes el jefe de Estado convocará para que le den su parecer sobre posibles reformas en el ámbito de la Justicia. Sin embargo, Carlos Beraldi, abogado de la vicepresidente en las causas sobre corrupción es la voz que Cristina autorizó para estas discusiones. Pero sería muy polémico que el Dr. Beraldi pueda ser integrante de este Consejo, ya que es el representante legal de Cristina Fernández  quien tiene ante la Justicia federal múltiples causas de corrupción, tal vez las más escandalosas de un dirigente político en democracia.

Otro nombre que surgió para opinar de estos asuntos es León Carlos Arslanian, ex socio histórico de Beraldi y actual abogado de Ricardo Echegaray. Arslanian se destacó por haber integrado el tribunal que en 1985 condenó a los militares que gobernaron durante la dictadura militar en el llamado Juicio a las Juntas. Fue ministro de Justicia de la Nación con Carlos Menem y ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

Resumiendo, se cree que la ampliación del Máximo Tribunal sólo tiene como objetivo aliviar la situación judicial de la ex presidenta.

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