En Cambiemos advierten que estatizar Edesur podría causar un nuevo juicio al estilo YPF, de esta manera se despegan del avance de un grupo de intendentes bonaerenses para quitarle la concesión a la empresa de energía eléctrica
Más allá de las diferencias conceptuales que tienen con ciertos sectores gobernantes sobre el rol que debe cumplir el Estado en la economía y en la sociedad, en Cambiemos se despegan del avance de un grupo de intendentes bonaerenses para quitarle la concesión a Edesur
La postura del partido que gobierna en parte del área donde opera la distribuidora de electricidad, como es la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires y en el municipio de Lanús, descarta posturas liberales o de izquierda frente al estatismo y se basa en la necesidad de respetar los mecanismos institucionales que existen para analizar el funcionamiento de cualquier empres de servicios públicos.
Fuentes cercanas al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y al intendente Néstor Grindetti, se remiten a la posición que Cambiemos tuvo sobre la expropiación de Vicentín, cuando rechazaron la decisión del presidente Alberto Fernández y reclamaron que se respetara el accionar de la Justicia para que avanzara el concurso preventivo de acreedores que se encuentra atravesando la compañía agroexportadora.
«Nuestra posición ha sido siempre la misma, como pasó con Vicentín, que tiene un proceso de convocatoria de acreedores en manos de la justicia», por eso, se despegan de la avanzada de los jefes comunales del peronismo bonaerense y aseguran que la estatización de una empresa de servicios públicos esenciales debe indefectiblemente pasar por el Congreso de la Nación.
En este sentido y por tratarse de un servicio público considerado esencial, piden que con Edesur también se utilicen los mecanismos de control del Estado que regulan el funcionamiento de este tipo de compañías, incluso estableciendo multas y sanciones para los que no cumplan con las prestaciones establecidas en los contratos de concesión, tarea que debe llevar a cabo el Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE) sobre la situación de cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones en la que estaría la compañía controlada por el grupo italiano Enel.
El organismo, que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo, se encuentra intervenido por el Gobierno y, entre sus funciones, se destaca la de controlar que las empresas del sector eléctrico nacional cumplan con las obligaciones establecidas en el marco regulatorio y en los contratos de concesión, y con el buen funcionamiento de las redes de distribución (circunscripta al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), de transporte y generación.
Por ese motivo, los funcionarios de Cambiemos reclaman conocer los informes que hasta el momento haya emitido el ente oficial sobre las actividades de Edesur por la supuesta falta de inversiones e incumplimiento de sus tareas, así como de negligencias en la prestación del servicio y advierten el fantasma de un nuevo juicio ante tribunales internacionales como el Ciadi volverá a sobrevolar y podría tener el mismo final cantado que el proceso de reestatización de YPF, a punto de costarle a la Argentina alrededor de 3.000 millones de dólares por un proceso compulsivo llevado a cabo durante el gobierno de Cristina Fernández. Más precisamente, en el juicio que se dirime en los tribunales de Nueva York por la estatización del 51% de las acciones de YPF que ocurrió en el 2012, cuando CFK ordenó quedarse con las tenencias que el grupo Petersen y Repsol tenían en la petrolera.
En Cambiemos piden prudencia con el caso Edesur «por las condiciones actuales en las que se encuentra el Estado argentino» (iProfesional)
