Abogados cuestionaron la falta de pluralidad del consejo asesor que conformó Alberto Fernández para analizar la reforma de la Corte Suprema como así también el momento elegido para reformar el Máximo Tribunal y las modificaciones que se conocen hasta ahora.
En consonancia con sectores de la oposición, 6 juristas cuestionaron la falta de pluralidad del consejo asesor elegido por el presidente Alberto Fernández para elaborar ideas sobres posibles reformas de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura, entre otros temas claves del funcionamiento de la Justicia.
“Conozco a la mayoría de los integrantes del consejo. Más allá de sus calidades personales, es notoria la afinidad ideológica con el presidente y la vicepresidenta. Se prefirió elegir a dedo”, opinó el constitucionalista Gregorio Badeni.
En tanto, el abogado Manuel Garrido admitió que la oposición no está representada, aunque advirtió que “es difícil elegir una comisión pluralista en medio de la grieta” y agregó “Es lógico que la comisión sea afín al presidente, pero es para destacar que tenga equilibrio de género y equilibrio federal”.
Efectivamente, de los 11 integrantes del consejo, 5 son mujeres: Hilda Kogan, Claudia Sbdar y María del Carmen Battaini, Marisa Herrera y Inés Weinberg de Roca, la candidata propuesta por Mauricio Macri para la Procuración General. Además, hay varios representantes de cortes y tribunales del interior.
También fueron convocados Carlos Beraldi, el abogado de Cristina Kirchner, Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista, Omar Palermo, juez de la Corte de Mendoza, Carlos Arslanian, ex juez del juicio de las Juntas Militares, Enrique Bacigalupo, experto en derecho penal, y Gustavo Ferreyra, constitucionalista.
Para el abogado constitucionalista Roberto Gargarella, el consejo “mezcla gente competente e independiente, como Hilda Kogan, con gente que no se justifica que esté allí, como el abogado de Cristina”, Carlos Beraldi.
Los 11 miembros asesorarán al Presidente en temas clave vinculados al funcionamiento de la Justicia que también inquietan a la oposición: además de la reforma de la Corte Suprema, incluye posibles cambios en el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal, composición y alcance del recurso extraordinario y el Juicio por jurados.
El Presidente le dio 90 días a la comisión para presentar las propuestas. En el Gobierno admiten que fue una manera de postergar las reformas más sensibles y donde menos consenso existe.
Los miembros del consejo estarán presentes mañana, en el lanzamiento formal de la reforma judicial. Para Gargarella, el momento elegido para lanzar la reforma es inoportuno. “En términos generales, resulta insultante impulsar una reforma judicial cuando el país se cae a pedazos, tenemos el riesgo de que los hospitales se queden sin camas para atender urgencias, y perdemos miles de puestos de trabajo por día. Necesitamos reformas urgentes pero de otro tipo. Y en términos específicos, el momento de la reforma es pésimo, por las causas abiertas que tiene el poder sobre sí, y el riesgo obvio de que se use esta oportunidad de reforma para los peores fines: insistir con una práctica de impunidad en la que estamos insertos desde hace décadas” (Infobae)
