La Cámara Federal porteña, con los votos de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, camaristas cuyos traslados cuestiona el kirchnerismo, confirmó hoy los procesamientos de los empresarios Cristóbal López, Fabián De Sousa y Osvaldo Sanfelice -que fue socio de Máximo Kirchner-, por lavado de dinero y asociación ilícita.
Los procesamientos dictados el 5 de Junio de 2019 por el juez Julián Ercolini contra Cristóbal López, Fabián De Souza y Osvaldo Sanfelice fueron confirmados hoy por los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, cuyos traslados cuestiona el kirchnerismo.
Vale recordar que se trata de una causa que investiga supuestas maniobras delictivas efectuadas a través de la empresa Agosto SA y compañías del Grupo Indalo. Junto con los procesamientos, la Cámara confirmó los embargos ordenados en la causa.
La hipótesis que se investiga en este caso, es que millones de pesos del impuesto a los combustibles que Cristóbal López habría evadido fueron lavados mediante préstamos entre las sociedades del Grupo Indalo, y luego reinvertidos en la empresa Agosto, que se dedicaba al alquiler de maquinaria.
El otro juez del tribunal, Mariano Llorens, votó en disidencia. Dijo que consideraba «estrictamente necesaria la realización de un peritaje contable» para que la causa tuviera «fundamentos suficientes» para avanzar hacia el juicio oral.
Bruglia y Bertuzzi son dos de los 10 jueces cuyos traslados cuestiona el kirchnerismo, que impulsó desde el Consejo de la Magistratura una revisión de sus nombramientos en la Cámara Federal, a la que llegaron durante el macrismo, por traslado, sin haber concursado para ese tribunal.
Ante el avance del plan del oficialismo para revisar sus designaciones, Bruglia y Bertuzzi presentaron, el Miércoles pasado, una acción de amparo para que se declare la inconstitucionalidad de la resolución del
Consejo que afirma que sus nombramientos son incompletos y le manifiesta a la Casa Rosada que para culminarlos sería necesaria la aprobación del Senado.
Según Bruglia y Bertuzzi, el Consejo incurrió en una «flagrante violación a las garantías constitucionales de legalidad, división de poderes e inamovilidad en el cargo» que tienen los jueces. «La Corte Suprema de Justicia ha convalidado traslados de jueces federales y siempre entendió que esos traslados debían considerarse definitivos», argumentaron. (La Nación)
LA
