El complejo momento se produce en medio de la contienda electoral y cuando la presidente transitoria Jeanine Áñez cumple 9 meses en el poder, tras haber asumido el 12 de Noviembre, dos días después de la renuncia y salida del país del presidente Evo Morales, en otro momento crítico provocado por la anulación de los comicios de Octubre de 2019 por supuesto fraude.
Desde entonces, el gobierno de Áñez y el opositor Movimiento al Socialismo (MAS), que dirige el Parlamento, han mantenido un conflicto entre ambos poderes, pero desde hace 10 días la crisis institucional ha pasado a las carreteras con más de un centenar de cortes de ruta.
Los manifestantes, dirigidos por la Central Obrera Boliviana y organizaciones indígenas seguidoras del ex presidente Evo Morales, exigen que los comicios se celebren el 6 de Septiembre como estaba previsto y no el 18 de Octubre como cambió el Tribunal Supremo Electoral con el argumento de que se ha retrasado la fecha para evitar el pico de la pandemia. .
También hay tensión por la aparición de grupos civiles radicales, entre ellos aymaras y cocaleros de la zona central del Chapare, que hicieron exhibiciones de fuerza con fusiles para reclamar elecciones en septiembre, pidiendo la renuncia Áñez y gritando “¡ahora sí, guerra civil!, como lo hicieron en Noviembre pasado.
Mientras tanto el ministro de Defensa, Fernando López, ha tratado de minimizar esas amenazas afirmando que son grupos que pueden ser controlados y tienen «armas del siglo pasado», mientras que su colega de Gobierno, Arturo Murillo, reconoció en ‘CNN’ que trabajaban “con las horas contadas” para “evitar una guerra civil”.
Al contrario, los parlamentarios del MAS han denunciado el crecimiento de los grupos de choque que responden a fuerzas conservadoras, sobre todo de Santa Cruz y Cochabamba, que circulan armados en motocicletas para enfrentarse a quienes bloquean las carreteras.
Las exhibiciones de fuerza de los seguidores de Evo Morales se han extendido a la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, sede del Gobierno, donde se han enfrentado a la Policía, como también ocurrió en las regiones de Cochabamba y Santa Cruz (Este) con el saldo de varios detenidos.
Como si fuera poco, en muchas de esas concentraciones políticas se incumplieron las normas de bioseguridad y varios manifestantes arrestados en los disturbios dieron positivo a Covid-19.
Pero lo más grave, según la denuncia de las autoridades, es que los bloqueos han provocado la muerte de 30 personas por falta del oxígeno medicinal que debe ser trasladado en camiones desde Santa Cruz a varias ciudades del Occidente, un trabajo que está realizando un convoy escoltado por el Ejército para sortear los cortes en las rutas. (NA)
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