Un grupo de científicos, intelectuales, periodistas y personalidades de la cultura pidieron, este Lunes, mediante una carta pública, que el Gobierno derogue la prórroga de la Ley de Emergencia 27.541 y los decretos “limitantes de los derechos constitucionales dictados en el marco de la pandemia” a la vez que reclamaron “el funcionamiento del Poder Judicial en su totalidad” para que esté “ampliamente disponible para actuar cuando las personas reclamen la defensa de sus derechos básicos”.
Cabe recordar que hace tres meses los impulsores de este documento denunciaron sobre una infectadura en la Argentina, concepto duramente criticado por el oficialismo y por muchos dirigentes de Juntos por el Cambio, que lo consideraron exagerado.
Los firmantes señalaron con agudeza que “Hoy las circunstancias evolucionaron en el sentido que menos deseábamos, pero que entonces intuíamos: en nombre de cuidar la salud de la población, el Gobierno avanzó con una agenda ajena al contexto que vivimos y disociada de la realidad. Del discurso ultracientificista de los primeros meses se pasó sin escala, pero con igual afán, a propagar relatos con incompleta y sesgada contrastación empírica o científica y hasta con datos erróneos destinados a mantener la reclusión y el sometimiento de gran parte de la población”
En ese sentido, los propulsores resaltaron además,el crecimiento de las firmas de profesionales del CONICET, que regularmente tienen dificultades para desempeñarse en sus tareas después de aparecer en posicionamientos críticos al Gobierno.
La carta anterior fue firmada por 300 personas, el mismo número que figura en el documento conocido hoy. “Frenamos en 300 para que coincida con la anterior pero, en realidad, la primera carta tuvo el respaldo de 28.000 firmas en change.org y ahora vamos a mandar a los que se fueron sumando y se sumen a partir de ahora a esa misma aplicación”, explicó un representante del grupo.
A su vez, puntualizaron que “resulta difícil enumerar en este breve espacio todos los casos de personas que han sido encarceladas, perseguidas, agredidas, perjudicadas y denunciadas en nombre de la salud pública y violentando garantías esenciales estipuladas por la Constitución Nacional”, al tiempo que advirtieron “por la escasa pericia que demuestra el Gobierno en el ámbito sanitario”.
Otro de los reclamos fue “el retorno del Congreso a su funcionamiento normal poniendo fin a las sesiones virtuales” y “el cese inmediato de la criminalización de actividades lícitas y el acoso de fuerzas de seguridad a los ciudadanos, así como de las actitudes impúdicas de los responsables de la seguridad pública y sus peleas por espacios de poder y futuras candidaturas”.
Para finalizar, indicaron en el texto que “es preciso acabar con el aprovechamiento de la cuarentena indefinida para avanzar en proyectos de impunidad personal y la concentración de poder de grupos políticos oficialistas”. “Es indispensable acabar con el uso ilegal del terror sanitario como herramienta para someter a la población” (Infobae)
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