El escándalo estalló este Jueves cuando el congresista Edgar Alarcón presentó ante el Pleno del Parlamento unos audios en los que se escucha presuntamente la voz del presidente que trata de coordinar con su interlocutor el ocultamiento de información sobre una costosa contratación por varias decenas de miles de dólares de Richard Cisneros, conocido como Richard Swing.
La ministra de Justicia, Ana Neyra, explicó que el gobierno considera que esta figura pretende ser imputada por el Parlamento «de manera equivocada e inconstitucional» y añadió «El modo como está interpretando el Congreso la Constitución no es compatible con el sistema de gobierno, está afectando competencias del Ejecutivo y mina el orden constitucional». La ministra indicó que pedirán que hasta que el Constitucional no resuelva la demanda «no se pueda avanzar con el trámite» de la moción de censura o, como se denomina en la ley peruana, vacancia por incapacidad.
El Parlamento aprobó este Viernes la convocatoria a una moción de censura que en principio debería ser votada el próximo Viernes. Para la destitución se necesitan 87 votos de un Congreso unicameral de 130 bancas. La moción de censura fue aprobada por 65 votos a favor, 36 en contra y 24 abstenciones.
Simultáneamente, fiscales y policías peruanos allanaron este Sábado las viviendas de los funcionarios involucrados en el sonado caso de corrupción. Los registros se llevaron a cabo en «8 inmuebles de investigados y testigos en el caso de las presuntas irregularidades en la contratación del cantante Richard Cisneros Carballido, como proveedor del Ministerio de Cultura», informó el Ministerio Público en un comunicado.
En tanto el gobierno denunció que los legisladores están tratando también de involucrar a las Fuerzas Armadas en el conflicto. Rodeado de altos mandos del Ejército, Marina y Fuerza Aérea, el primer ministro peruano, Walter Martos, se presentó ante la prensa junto al ministro de Defensa, Jorge Chávez, y acusaron al jefe del Congreso de realizar llamados indebidos a los líderes castrenses.
Según la denuncia del gobierno, el congresista Manuel Merino se comunicó con el comandante general de Marina, Fernando Cerdán Ruiz, para comentarle sobre el proceso de vacancia, un día antes de que se aprobara el pedido de destitución de Vizcarra.
«Debo rechazar rotundamente la actitud de Merino al realizar estas llamadas que no solo fueron imprudentes y fuera del lugar, sino que colisionan con el orden democrático», dijo Chávez. Agregó que Merino también intentó varias veces comunicarse con el jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, pero sin éxito porque el oficial estaba de gira por una zona remota de la región amazónica de Madre de Dios.
A pesar de que hubo una caída en el apoyo, la popularidad de Vizcarra se mantiene todavía alta, en el 65%, mientras que el Legislativo tiene apenas un 32% de aceptación. Los choques entre el Ejecutivo y el Parlamento se agudizaron luego que el presidente enviara un proyecto para impedir las candidaturas de personas que tengan condena judicial. Eso dejaría fuera de carrera a varios legisladores y funcionarios de regiones remotas involucrados en casos de narcotráfico, la tala y la minería ilegal.
Perú tendrá elecciones presidenciales y legislativas en 8 meses y en 2022 habrá comicios para gobernadores y alcaldías en todo el país. Vizcarra, que en marzo de 2018 era primer vicepresidente, llegó al poder tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), que también fue puesto en jaque por el Legislativo. (LN)
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