A partir de este Lunes el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo deberá negociar con cuatro movimientos sociales el manejo de una formidable caja de más de $8.500 millones de pesos destinados a la instrumentación de los proyectos incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares.
El Decreto 777/2020 que transfirió del Ministerio de Vivienda de María Eugenia Bielsa a Desarrollo Social la urbanización de más de 4.400 barrios populares desató una dura batalla interna que protagonizará Arroyo con los movimientos sociales que ocupan espacios claves en esta cartera del gobierno del Frente de Todos.
En este sentido, es una dura pulseada de la que participarán los principales movimientos políticos y sociales como: el Evita, Barrios de Pie, la CTEP de Juan Grabois y La Cámpora, que confluyen en el Ministerio de Desarrollo Social y que esta pelea que tenía permanentemente Arroyo con los líderes sociales, ahora se potenciará aunque el diálogo se realice “con todos los sectores” involucrados en la cuestión social.
A esa tensión permanente con los movimientos sociales se le sumará la oferta a los intendentes que también buscan su ventaja en los distritos que manejan. Esto se da en mayor escala en el conurbano bonaerense donde está concentrada la mayor cantidad de barrios populares del país y que estarán en la lista de prioridades del Registro Nacional de Barrios Populares.
En este aspecto, el ministro Arroyo es un funcionario que se caracteriza, según allegados, por cierta “plasticidad” para poder escuchar, negociar y avanzar con el reparto de programas con diferentes actores sociales como los intendentes o los grupos piqueteros. Pero nada parece sencillo cuando de fondos se trata.
Los líderes de los movimientos sociales encargados del desarrollo de proyectos en el Registro Nacional de Barrios Populares coinciden en un punto: todos avalaron la decisión de sacarle a Bielsa el manejo de esa secretaría y pasarla a Desarrollo Social debido a que los proyectos estaban paralizados.
Para el manejo de los $8.500 millones y el 15% de lo recaudado con el impuesto a las grandes fortunas que contempla esta Secretaría, Arroyo deberá consensuar con Grabois, ya que el Registro de Barrios Populares está manejado por Fernanda Miño, una dirigente social del barrio La Cava en San Isidro alineada con el líder de la CTEP.
“La idea de pasar este programa del ministerio de Bielsa al de Arroyo nos parece muy bien porque los planes de urbanización de barrios estaban paralizados. Ahora habrá que poner énfasis sobre todo en la mejora de barrios de la provincia de Buenos Aires”, explicó el referente de la CTEP y mano derecha de Grabois, Nicolás Caropresi.
En cambio, desde el Movimiento Evita creen que habrá que tener una mirada en todo el país. “Hace falta una urbanización urgente de barrios muy relegados en las provincias”, dijo Gildo Onorato, del Movimiento que lidera Emilio Pérsico.
A su vez, Daniel Menéndez de Barrios de Pie –subsecretario de Políticas de Integración y Formación– explicó que “hace falta una urbanización de los barrios que hasta ahora venía postergada”. Menéndez tiene un peso importante en el ministerio de Arroyo, y considera que hace falta apuntalar el proyecto inicial de urbanización de 400 barrios en todo el país.
Los dirigentes de La Cámpora como Laura Alonso también estarán involucrados en el manejo de los $8.500 millones del área que controlará ahora Arroyo sumado al 15% de lo recaudado por el impuesto a las grandes fortunas que se está debatiendo en el Congreso.
La elección de cada uno de los barrios por urbanizar no será tarea sencilla: cada uno de los movimientos sociales que confluyen en el Ministerio de Desarrollo Social tiene intereses diferentes en relación con su inserción política en el Conurbano y el resto de la Argentina. (Infobae)
LA
