La pena de muerte como castigo por el delito de violación entró en vigor este Martes en Bangladesh, una medida que llega tras días de multitudinarias protestas y que ha sido criticada por ineficaz por organizaciones pro derechos humanos como Amnistía Internacional (AI).
La decisión del Ejecutivo bangladesí comenzó a regir hoy tras ser publicada en una ordenanza oficial, confirmó a Efe Joynal Abedin, el secretario de prensa del presidente bangladesí, Abdul Hamid.
La enmienda a la Ley de Crueldad hacia las Mujeres y los Niños incrementa el castigo por violación a la pena de muerte o el encarcelamiento de por vida, en lugar de la anterior, que contemplaba únicamente la prisión de por vida. “Las ejecuciones perpetúan la violencia, no la previenen. En vez de buscar venganza, las autoridades deben centrarse en asegurar justicia para las víctimas de la violencia sexual con penas de larga duración que detengan esta epidemia de violencia”, denunció este Martes en un comunicado el investigador de AI para el Sur de Asia, Sultan Mohammed Zakaria.
El organismo pro derechos humanos urgió al Gobierno bangladesí a garantizar la protección de las mujeres y menores que denuncian este tipo de crímenes. “Los culpables deben ser procesados y hechos responsables y la impunidad de estos crímenes terribles debe acabar por medio de procedimientos justos y sin recurrir a la pena de muerte”, dijo Zakaria.
Las protestas comenzaron el Lunes de la semana pasada, un día después de que saliese a la luz un vídeo de una mujer siendo asaltada sexualmente y agredida por un grupo de hombres en el distrito sureño de Noakhali. Aunque el suceso tuvo lugar a principios de Septiembre, el vídeo, que se volvió rápidamente viral y que un tribunal ordenó retirar de las redes sociales, había sido compartido el día antes del inicio de las protestas por uno de los acusados.
Según el grupo de derechos humanos Ain O Salish Kendra, 975 mujeres fueron violadas en Bangladesh entre Enero y Septiembre de este año, 208 de ellas en grupo. De entre las víctimas, 43 murieron después de la violación, mientras que otras 12 se suicidaron.
Por su parte, Amnistía Internacional denunció la semana pasada que solo el 3,5 % de los casos presentados entre 2001 y Julio de 2020 bajo la Ley de Prevención de la Opresión contra Mujeres y Niños habían dado lugar a sentencias judiciales, solo el 0,37 % resultaron en condena.(TN)
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