El máximo tribunal debe decidir sobre reclamos de fondos de provincias y planteos de Cristina Kirchner. Aguardan una resolución reclamos económicos de San Luis, Santa Fe y la ciudad de Buenos Aires por la coparticipación, actualización de jubilaciones y planteos de la vicepresidenta Cristina Kirchner.
La Corte Suprema deberá definir sobre estos litigios en un clima de gran tensión con el Gobierno, en especial por las fuertes críticas de la vicepresidente. En el balance que hizo a un año de la asunción de Alberto Fernández, manifestó en una carta que “el Poder Judicial, representado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la actuación de ese poder no hizo más que confirmar que fue desde allí donde se encabezó y dirigió el proceso de Lawfare”.
Entre los planteos que debe resolver la Corte están el del gobierno de San Luis, que espera una definición sobre un pedido para embargar fondos nacionales por $20.500 millones por la falta de pago de la deuda por la retracción indebida de activos de coparticipación. Santa Fe también reclama la cancelación de esta deuda, por entre $75 y $100 mil millones. De producirse un fallo favorable para las provincias, la decisión judicial generaría un gran impacto en las arcas nacionales.
La Corte además deberá definir sobre las presentaciones del gobierno porteño al recorte de fondos, que Nación redujo de 3,5% a 1,4%. Durante el fin de semana el gobierno porteño anunció que no asistirá a la convocatoria de la Casa Rosada para definir los recursos que se destinarán a la seguridad en la Capital Federal, en base a la ley sancionada en el Senado el 10 de Diciembre de 2020.
El máximo tribunal además deberá definir más de 6 recursos presentados por la vicepresidente Cristina Kirchner en causas de alto voltaje político como cuadernos de las coimas, memorando con Irán y Hotesur-Los Sauces, entre otras. Crítica de la Corte Suprema, la ex mandataria la vinculó con el Lawfare, que definió como “articulación mediática-judicial para perseguir y encarcelar opositores”.
Los antecedentes generan mayor tensión con el Gobierno, ya que a principios de Diciembre la Corte Suprema dejó firme la condena del ex vicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone, por la que recibió una pena de 5 años y 10 meses de cárcel. Boudou cuestionó a la Corte porque consideró que confirmó el fallo “sin dignarse a leer el expediente” y le envió un mensaje al Gobierno para cambiar el sistema judicial. Planteó que “la situación es grave y el remedio tiene que ser político”(TN)
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