Un grupo de jueces federales y fiscales, integrantes de la agrupación Kirchnerista Justicia Legítima, solicitó a la Asociación de Magistrados y Empleados de la Justicia Nacional un pedido llamativo que despertó enojo en varios de sus colegas.
Mediante una carta dirigida al presidente de esa entidad, Marcelo Gallo Tagle, reclaman que vía la Corte Suprema de la Nación se “requiera de manera urgente al Poder Ejecutivo Nacional -Ministerio de Salud-, la planificación necesaria para cumplimentar la vacunación de Magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial”.
En ese texto, en el que los firmantes se auto identifican con la “lista Celeste” que participa de las elecciones en la Asociación de Magistrados, argumentan que ellos mismos, sus pares, funcionarios de tribunales y empleados (en ese orden), se ven afectados hoy por una cantidad no especificada de casos positivos de Covid-19. Agregan que esto se dio “en las últimas semanas” y frente al “inminente reinicio de las actividades” tras el fin del receso de la feria judicial.
El pedido de los jueces Kirchneristas se da en paralelo al retraso en el envío de las vacunas Sputnik V desde Rusia, las únicas a las que tendrá acceso el gobierno nacional al menos hasta Abril, cuando está previsto que lleguen millones de dosis de la vacuna producidas por Astrazeneca.
Lo polémico del requerimiento de los magistrados K es que explicitan la solicitud de una provisión de vacunas sin detallar si los jueces, funcionarios del Poder Judicial y sus empleados están o no dentro de los grupos que el Estado planeó vacunar siguiendo criterios epidemiológicos. Es por eso que muchos otros miembros de la Justicia se molestaron con este grupo que intenta “avanzar” en beneficio propio con la vacunación anti coronavirus.
Entre los firmantes de la carta elevada a Gallo Tagle, se encuentra el propio presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, de Justicia Legítima. Misma agrupación en la que milita otro de los solicitantes de las vacunas y firmantes de este texto polémico, el magistrado Ezequiel Pérez Nami, quien hace pocas semanas falló en favor de la vicepresidenta Cristina Fernández, validando que se le otorguen dos jubilaciones de privilegios y una multimillonaria por intereses no cobrados debido a que la gestión gubernamental anterior le había negado el pago de uno de esos dos haberes. Asimismo, otros magistrados y fiscales exigieron vacunas como María Pérez Carrega, Maximiliano Callizo, Paula Andrea Castro, María Eugenia Sagasta, Gabriela Iturbe, José Fabián Asís y Federico Causse.
Su argumento central para reclamar por vacunas es que la Justicia, a la que aluden en general como si fueran voceros del Poder Judicial en su conjunto, prestó “servicio” durante el 2020 “con atención al público de manera presencial”. Igual que muchos otros sectores de la actividad institucional y productiva de la Argentina. (TN)
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