El líder del Sindicato Único de Profesionales, Trabajadores y Técnicos del IOMA (SUPTTIOMA) Idelmar Seillant y ex auditor dijo que la institución no puede despedirlos pero que igualmente lo hizo, y relacionó las desvinculaciones por las presentaciones por irregularidades. Criticó que el presidente de la obra social Homero Giles, de La Cámpora, nunca los recibió. Desde la obra social afirmaron que no tenía relación laboral.
Seillant explicó que se trata de la obra social “más grande del país en cuanto a prestaciones, con 14 direcciones regionales y 198 delegaciones”. Dijo que cuenta con 2.430.000 afiliados, entre los empleados estatales de la provincia de Buenos Aires y las personas que voluntariamente se afiliaron al IOMA. Sostuvo que en 2019 la institución tuvo un presupuesto de $97.800 millones más partidas adicionales, lo que representaba el 8,1% del Producto Bruto Interno (PBI) de la provincia de Buenos Aires.
Aseguró que en la obra social se producen irregularidades como “sobreprecios y direccionamiento para empresas amigas” y que si la gestión funcionara con total transparencia podría tener “una cobertura 5 veces mejor que las empresas de medicina prepaga”. Afirmó además que hay “nepotismo” y que “solo entra determinada gente”.
Explicó que hay una serie de condiciones por la que no puede ser despedido, al igual que sus compañeros. Dijo que el organismo puede sancionarlos con un sumario a partir de una acción reprochable de conducta, lo que no sucedió, recordó que un decreto que prohíbe los despidos en el ámbito del gobierno bonaerense y que están tutelados por el ministerio de Trabajo y el IOMA pero que igualmente los desvincularon, “solamente por denunciar corrupción”.
Fuentes de IOMA manifestaron que la única relación que Seillant tenía con la obra social era una medida cautelar para pasar a planta permanente a la que la Justicia no hizo lugar “porque no había justificación” y que a partir de esa medida quedó afuera. Explicaron que era “auditor y prestador” y que “nunca quiso firmar un contrato con la obra social” para tener un vínculo laboral.
Con cuestionamientos al sindicalista plantearon que el gremio que representa “no tiene personería”, aseguraron que durante 2020 “no hizo denuncias por corrupción” en el organismo y que “no llevó pruebas a la Justicia” sobre irregularidades. Criticaron además que el año pasado no se pronunció sobre una defraudación millonaria que denunció la obra social por prestaciones no realizadas.
Aseguraron que una de las médicas cesanteadas, la secretaria de Acción Social y Turismo del gremio Adriana Elizabeth Benavídez, tenía una denuncia por irregularidades. Explicaron que el resto de los trabajadores desvinculados tenían firmados contratos que se cayeron y que están en tratativas para que vuelvan a prestar servicios.(TN)
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