Ingresó este Martes en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para crear un régimen especial de “Licencia por Día Menstrual” para estudiantes. La iniciativa busca que quienes cursen sus estudios en establecimientos públicos de gestión estatal y privada, en todos los niveles y modalidades, tengan una jornada libre por mes calendario, sin que eso afecte la regularidad.
La propuesta fue presentada por la asesora de la Jefatura de Gabinete de ministros y referente nacional de Igualar, Carmela Moreau y el diputado de esa fuerza que integra el Frente de Todos (FdT) Lucas Godoy. El proyecto de ley también propone que los establecimientos eduquen para “erradicar los prejuicios y la violencia” relacionada al período y concienticen respecto de “los trastornos de la salud menstrual”.
Entre los argumentos de la iniciativa consignaron: “La cultura del ocultamiento de los síntomas y de los procesos que se desencadenan en los cuerpos menstruantes responde a una de las manifestaciones de la cultura patriarcal”. Para la asesora y el diputado, “es imperativo reconocer que un gran porcentaje de las mujeres sufren de síndrome premenstrual, trastorno disfórico y otras patologías que en muchos casos se atraviesan con un dolor que puede ser invalidante”.
Advirtieron, también, que muchas veces “la falta de bienes y servicios adecuados para una gestión menstrual digna obliga a las personas en edad menstrual a incurrir en inasistencias a sus establecimientos escolares”. ”El Estado debe garantizar condiciones de equidad e igualdad de oportunidades para el acceso y la permanencia en los establecimientos educativos, en un marco de bienestar y en consonancia con el desarrollo humano en todas sus esferas”, remarcó Moreau.
Godoy evaluó que el régimen propuesto “tiende a consolidar la igualdad y a una mejora de la salud psicofísica de las personas menstruantes y en su desarrollo académico” y consideró que constituye otra forma de “promover la ESI y prevenir y erradicar la violencia, los estereotipos y la discriminación vinculados con el ciclo menstrual”.
Por otra parte, las toallitas, tampones y copas menstruales representan un costo económico extra en mujeres y personas que menstrúan. Así lo explicaron en un documento oficial del primer foro de Acciones para alcanzar la Justicia Menstrual, que se llevó a cabo en Diciembre en la Casa Rosada y contó con la presencia de más de 100 funcionarias nacionales y provinciales, diputadas, senadoras, dirigentes políticas, cooperativistas y activistas de todo el país.
Las personas más afectadas por el costo económico de menstruar son aquellas que tienen menos recursos que, al no poder acceder a los productos necesarios, dejan de asistir a la escuela o a sus puestos de trabajo, o bien recurren a alternativas insalubres. Al mismo tiempo, las mujeres enfrentan los mayores niveles de desempleo y precarización laboral.
“Como consecuencia de esto, están sobrerrepresentadas en los hogares pobres y el 10% de menores ingresos recibe $4.350 por mes”, señalaron. Además, agregaron que, en el contexto de la pandemia, la disminución y pérdida de salarios llevó a que muchas hayan tenido que optar por reducir el uso de toallitas y tampones e incluso usar elementos no aptos para atravesar el período.
En el último año, se presentaron en el Congreso de la Nación al menos 12 proyectos que tienen como eje eliminar los obstáculos para acceder a la gestión menstrual y hacerlo de manera sostenible en términos económicos, ambientales y de salud.(TN)
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