Por Xavier Basantes
El Comercio
Los vetos que han aplicado las plataformas Twitter y Facebook a declaraciones de líderes políticos en el mundo desatan un debate sobre el rol de las grandes plataformas digitales en asuntos relacionados con los derechos humanos, como la libertad de expresión.
El mes anterior, tras la decisión de estas redes de bloquear al expresidente de EE.UU. Donald Trump, el debate tomó fuerza sobre todo en la Unión Europea (UE). Para la canciller alemana Angela Merkel, la libertad de opinión “es un derecho fundamental de importancia esencial”, que se puede restringir solo bajo las condiciones fijadas por los legisladores, pero no por “la decisión de la dirección corporativa de plataformas en las redes sociales”.
Desde el Parlamento Europeo, la presidenta del grupo socialdemócrata, Iratxe García, dijo en una entrevista a la agencia EFE que “se trata de encontrar el equilibrio entre la libertad de expresión -que es un derecho fundamental- y la protección de la democracia”.
El problema que plantea el bloqueo de las redes sociales a Trump “es permitir que sean las plataformas las que decidan dónde está esa delicada línea”, porque “más allá del código ético de una empresa privada, deben ser las leyes las que delimiten dónde comienzan los delitos de odio y la desinformación interesada”.
La preocupación por el rol de las plataformas frente a su ‘capacidad de vetar’, más allá del incumplimiento de sus códigos de buen uso de esos espacios, incluso llegó al debatirse en el reciente Foro Económico Mundial (25 al 29 de enero).
Allí, la presidenta de la Comisión Europea (CE), Úrsula von der Leyen, llamó a “contener el inmenso poder” de las grandes empresas digitales, exigiéndoles transparencia y responsabilidad por cómo diseminan o eliminan contenidos. “No importa cuán tentador pueda haber sido para Twitter desactivar la cuenta del presidente Trump, una interferencia tan seria con la libertad de expresión no debería estar basada solamente en reglas de empresa. Tiene que haber un marco legal para decisiones de tanto alcance”, dijo.
La Comisión ha propuesto para ello una ley que regule los servicios digitales y otra sobre el mercado digital en la UE, pero aspira que la nueva administración estadounidense, con Joe Biden a la cabeza, se sume a los esfuerzos para crear reglas dirigidas a la economía digital válidas para todo el mundo.
De hecho, el “control privado” ha sido considerado uno de los tres principales desafíos para la presente década y una “amenaza a la libertad de expresión”, por Relatores de Libertad de Expresión de organizaciones como la ONU, OSCE, OEA, entre otras entidades.
Desde el inicio de la pandemia, las plataformas empezaron a tomar más medidas contra otros líderes mundiales.
En marzo del 2020, por ejemplo, Twitter eliminó publicaciones del presidente brasileño Jair Bolsonaro, “por desinformación sobre el COVID-19”. El Presidente mostraba en su perfil algunos videos de una visita que hizo a Brasilia y ahí se pronunciaba en contra de las recomendaciones sanitarias para contener el coronavirus.
Nicolás Maduro hace poco calificaba de “abusador” a Marck Zuckerberg por censurar la promoción de sus ‘gotas milagrosas contra el COVID-19’.
Pero no solamente en la UE se buscan salidas para regular a estas plataformas. En Latinoamérica también se han emprendido iniciativas. Una de ellas se recoge en el documento ‘Aportes para una regulación democrática de las grandes plataformas que garantice la libertad de expresión en Internet’, promovido por organizaciones de países de la región, con el aval de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Allí se plantea que las plataformas deberían incorporar en sus condiciones de servicio y sus normas, los principios pertinentes en materia de derechos humanos, que garanticen que las medidas relacionadas con contenidos se guiarán por iguales criterios que rigen para la protección de la libertad de expresión en cualquier medio.
Entre esos principios se incluyen: transparencia, rendición de cuentas, el debido proceso, la proporcionalidad, no discriminación y derecho a defensa y reparación. “Las plataformas también deberían garantizar el pleno respeto a los derechos al consumidor”. En este planteamiento, que se propone elevar a las legislaciones de la región, se sugiere que los usuarios afectados por cualquier medida de restricción a su libertad de expresión -como consecuencia de las decisiones de las plataformas digitales-, “deben tener derecho a acceder a recursos legales para controvertir dicha decisión y mecanismos de reparación en relación con la eventual violación de sus derechos”.
Pero mientras los países buscan esas regulaciones, las firmas tecnológicas también tienen su propia estrategia. Para revertir esas leyes a su favor, en el caso de la UE, plataformas como Google, Amazon, Microsoft, Facebook y Apple gastaron casi USD 20 millones en ‘lobbies’ durante el 2019. De esta manera, las grandes compañías tecnológicas van acumulando poder político y económico sin precedentes.
FUENTE: El Comercio/Ecuador
