El empresario farmacéutico Hugo Sigman fue imputado en el marco de una denuncia sobre el contrato del Estado con el laboratorio mAbxience por la demorada provisión de vacunas de la firma AstraZeneca, en el marco de la pandemia de coronavirus que afecta al país.
Se trata de dosis que aún no llegaron a la Argentina y en la misma presentación judicial están involucrados, además de Sigman, el presidente Alberto Fernández, el ex ministro de Salud Ginés González García y la actual titular de esa cartera, Carla Vizzotti.
La denuncia, que fue radicada el pasado Jueves y acusa al empresario farmacéutico de haber cobrado de parte del Estado 60 millones de dólares para traer al país vacunas de AstraZeneca que aún no llegaron, quedó a cargo del juez federal Julián Ercolini y es instruida por el fiscal Guillermo Marijuan.
Fuentes cercanas a la investigación dijeron este Viernes por la tarde que a la imputación de Sigman se suma un pedido para realizar operativos en el Ministerio de Salud y en el laboratorio mAbxience, propiedad del empresario, para obtener la documentación sobre la compra.
El expediente se inició con la denuncia presentada ante la Justicia Federal por Josefina de Elizalde, en representación de un espacio identificado como «Acción Conjunta Republicana», por los cargos de «malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos».
«Estamos efectivamente investigando la contratación de AstraZeneca con el Estado nacional a raíz de la denuncia de un particular», dijeron fuentes cercanas al expediente, que confirmaron la imputación de Sigman.
La Fiscalía solicitó operativos en la empresa y en la cartera de Salud de la Nación «para obtener los contratos y las constancias de pago y/o transferencias».
«En este momento se entregan órdenes de presentación para que cumplan con la entrega de estos documentos», dijeron este Viernes por la tarde las fuentes consultadas.
La denuncia, contra el presidente Fernández, González García y Vizzotti, incluye también a la jefa de Gabinete del Ministerio de Salud, Sonia Tarragona, y al subsecretario de Gestión Administrativa de esa cartera, Mauricio Monsalvo.
A Sigman se lo acusa de haber cobrado de parte del Estado 60 millones de dólares para traer vacunas del laboratorio AstraZeneca, algo que hasta el momento no ocurrió, en el marco de la pandemia de coronavirus.
El «caso Sigman» escaló con el pasar de los meses sin vacunas y luego que un funcionario del Ministerio de Salud reconociera en una reunión con diputados que efectivamente el Estado argentino le pagó el 60% del contrato que firmó con su socia AstraZeneca por las 22 millones de dosis que nunca llegaron a la Argentina.
Esta semana el diputado radical José Cano reveló que fueron 60 millones de dólares y pidió sancionar a los laboratorios por incumplimiento de contrato.
La situación de Sigman es delicada porque como él mismo confirmó en una carta pública en la que intentó defenderse, su laboratorio de Garín produjo al menos 18 millones de dosis y todas fueron enviadas a México para su envasado, contra la opinión de más de 200 especialistas y organismos de salud, quienes reclamaron que deje al menos una fracción de esas vacunas para su envasado y su uso en el país.
Por su parte, el laboratorio mexicano socio de Sigman en el proyecto inicialmente adujo la falta de envases para justificar los atrasos y luego ante el paso de meses sin novedades la información dejó de ser clara.
El empresario, en su carta, pareció desentenderse de la suerte de las vacunas que produjo: «mAbxience ha cumplido y fabricado el principio activo (de la vacuna) al que nos habíamos comprometido, tanto en tiempo como en cantidad», sostuvo, antes de ser imputado en esta investigación que lleva adelante la Justicia.(NA)
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