Macron impulsa una ley que contemple el despido de un trabajador que no esté vacunado contra la Covid-19, pero el Senado rechazó esa posibilidad.
El Gobierno de Francia volvió a insistir con la necesidad de una ley que contemple el despido de un trabajador que no esté vacunado contra la Covid-19. El Senado rechazó esa posibilidad el domingo pasado.
«Deseábamos que la ley fijara de qué modo podría recurrirse al despido, afirmando sobre todo que ese despido no podría producirse antes de dos meses y que iría acompañado de las indemnizaciones para el empleado, el Senado eliminó esa disposición», explicó la ministra de Trabajo, Elisabeth Borne, citada por la agencia de noticias AFP.
El Parlamento francés aprobó la vacunación obligatoria para algunas profesiones:
- El personal de salud
- La utilización del «pase sanitario», en la mayoría de los establecimientos públicos como cafeterías, cines, discotecas, trenes y aviones.
La medida, que provocó manifestaciones en contra en todo el país, debería entrar en vigor a principios de agosto.
Más de 160.000 personas participaron en las protestas contra las medidas covid-19 de Francia
Sin embargo, los legisladores rechazaron las sanciones inicialmente previstas para quienes no cumplan con las medidas, como el caso de poder despedir a un trabajador que aún no se haya inmunizado.
Una decisión que, según la ministra de Trabajo, reducirá la protección de los empleados afectados.
«El objetivo es, en primer lugar, convencer de la vacunación y facilitarla», puntualizó.
Según los especialistas, un despido por ese motivo, dictado en el marco del Código de Trabajo, que obliga al empleador a justificar un motivo de peso para hacerlo, no es obvio y será «probablemente marginal».
Hasta el momento, 33,2 millones de personas en Francia, casi la mitad de su población, están completamente inmunizadas.
Recordemos que días atrás, en lo que respecta a la posible obligatoriedad de la vacuna, informaron que ello quedará en manos de la Alta Autoridad de la Salud, a través del Comité Técnico de Vacunación, puesto que es la única entidad que puede validar la recomendación de la Academia.
Posteriormente, debería ser considerada por el presidente y el primer ministro. Luego llevarla a debate en el Parlamento para convertirla en una ley y volverla obligatoria.
GG
