Un informe especial de PPT dejó en evidencia el accionar de algunas organizaciones sociales y cómo extorsionan a los beneficiarios de los planes. Así, cada semana, movilizaciones, piquetes o acampes se suceden en las calles argentinas. Protagonizados por diversas organizaciones sociales, estas manifestaciones buscan obtener una respuesta por parte del Gobierno a algún reclamo. Sin embargo, existen denuncias sobre extorsión y presiones de estas agrupaciones que manejan el 80% de los planes Potenciar Trabajo.
A horas de que los movimientos sociales marcharan a Plaza de Mayo reclamando por “Tierra, Techo, Trabajo y el Salario Universal”, PPT emitió un informe sobre los “esclavos del piquete”. Según resaltaron, solo el 37% de los beneficiarios del plan Potenciar trabajo tiene el secundario completo. La gestión que lidera Alberto Fernández eliminó la obligatoriedad de terminar los estudios para continuar dentro del programa.
“Los que cobran (planes) por este lado”. De esa manera una dirigente de la Organización Clasista Revolucionaria ordena una desconcentración de una movilización que se efectuó en San Miguel. Incluso, en un audio, el dirigente social Abel Peralta, perteneciente al Movimiento Teresa Rodríguez, evidenció la presión a los beneficiarios para “que todos asistan a la manifestación”, ya que “es el único trabajo” con el que cuentan.
Este accionar de algunas organizaciones sociales, en palabras del dirigente del Partido Obrero, Eduardo Belliboni, busca “tener esclavos y gente dominada”. “No criticamos al que recibe un plan social, sino a los Gobiernos que lo crean y a los vivos que implementan un sistema de extorsión en los barrios”, señaló el referente piquetero en diálogo con PPT.
Según resaltó el informe, durante la presidencia de Cristina Kirchner estos planes, que tendrían por objetivo insertar a los desocupados dentro del mercado laboral formal, tenía el nombre de Argentina Trabaja y contaba con 350.000 beneficiarios; al ser nombrado como Hacemos Futuro, durante la gestión de Mauricio Macri, ese número subió a 470.000 y ahora, bajo la administración de Alberto Fernández, trepó a un millón y se titula como Potenciar Trabajo.
“Tenemos parte de ese programa administrado por el propio municipio, que en nuestro caso son entre 2.000 y 2.500 personas, que cumplen con una contraprestación. Además están las organizaciones sociales que tienen alrededor de 5.000 personas en San Miguel”, dijo Jaime Méndez, intendente de San Miguel y advirtió que la administración de estos planes por estas agrupaciones es “más irregular”.
“En la misma cuadra, hay un vecino que se levanta a trabajar y por ahí percibe lo mismo a fin de mes que una persona que está en un movimiento social, que no trabaja en todo el mes y que por ahí tiene que ir alguna que otra marcha para tener el pago”, recalcó el intendente de San Miguel.
En la actualidad los movimientos sociales manejan el 80% de los $140.000 millones destinados a estos planes, siendo que el 51% está destinado a personas que residen en la provincia de Buenos Aires.
Tarjetas AlimentAr: la herramienta de extorsión de los punteros
Las denuncias sobre cómo las organizaciones sociales extorsionan a sus integrantes no son nuevas, sin embargo el informe emitido en Canal 13 demostró que ahora las tarjetas AlimentAr son el objetivo de extorsión de estos punteros barriales.
Alejandra, titular del merendero “Corazones”, en Lomas de Zamora, denunció que una organización barrial vinculada al Movimiento Evita, se quedó con las tarjetas y la mercadería que le correspondían al lugar.
“Una sola vez nos salió una tarjeta, pero nosotros no éramos los titulares sino el CIC, que es el centro comunitario que ‘organiza’ lo que es el barrio”, afirmó la mujer y agregó: “Descubrimos que estas personas tenían la tarjeta de nuestro merendero y que ellos deciden quién cobra de una cooperativa y quién no. Muchas mamás tuvieron que dejar de venir a la olla porque él les dijo les iban a sacar las cooperativas”.
Por su parte, Cristian Bonazzola, del comedor “Manitos de Ángel” de Avellaneda, habló con PPT y denunció que una agrupación barrial les quitó la ayuda social porque se negaron a cobrarle una “colaboración” a los que asistían al comedor.
“No nos prestamos a la exigencia, que era que, cada vez que nos retiraban la comida, le pidamos $10 por persona y que los hagamos firmar. Nosotros nos negamos rotundamente porque no podemos hacer eso”, explicó el hombre.(TN)
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