Durante una conferencia de prensa en el condado de Alachua, DeSantis señaló que “exigir la vacunación´” a empleados públicos iría en contra de la ley adoptada a principios de este año, que prohíbe a empresas y agencias gubernamentales requerir prueba de inmunización.
«Si una agencia del gobierno en el estado de Florida impone una vacuna como condición para el empleo, violaría la ley de Florida y podría enfrentar una multa de 5.000 dólares por cada violación», resaltó el gobernador. Lo que multiplicado por cientos o miles podría representar «millones y millones de dólares en multas».
DeSantis dijo que la decisión de vacunarse es una «elección personal», aún cuando ello exponga la salud de otros.
«Vamos a defender a los hombres y mujeres que nos están sirviendo, protegeremos los trabajos de Florida, no permitiremos que la gente sea despedida debido a un mandato de vacuna», aseguró DeSantis.
Acorde con informes médicos y científicos, la vacunación es efectiva para contrarrestar el contagio de coronavirus que ha causado más de 680.000 muertes en Estados Unidos, así como unas 49.000 en Florida.
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De hecho, más del 95% de las hospitalizaciones son adjudicadas a personas que no se han vacunado.
Varios gobiernos locales, como el condado de Orange, donde se encuentra Orlando, y la ciudad de Gainesville, han implementado el requisito de que sus empleados se vacunen contra el COVID-19.
No obstante, el alcalde del condado de Orange, Jerry Demings, comentó, durante una conferencia de prensa, que “muchas de las decisiones que toma el gobernador tienen motivaciones políticas” y que el condado «lidiaría» con la amenaza de DeSantis, ya sea a través de los tribunales o de otra manera.
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“Podría ser mucho dinero, sí, no hay duda al respecto”, señaló Demings. “En fin de cuentas, nuestro objetivo es proteger a las personas en nuestra comunidad en general, mantenerlas seguras, lo cual es fundamental papel del gobierno «.
El gobierno de Florida enfrenta actualmente una demanda contra la ley que prohíbe a empresas y agencias gubernamentales requerir la prueba de inmunización, así como otra querella por el decreto estatal que limita el uso de mascarillas en las escuelas a la decisión de los padres.
