El Tribunal Superior de Justicia determinó que las garantías estadounidenses eran suficientes para asegurar que Assange tenga un trato humano y ordenó a un juez de primera instancia que enviase el pedido de extradición a la Secretaría de Interior para su revisión. El departamento, que supervisa la aplicación de la ley en Gran Bretaña, tendrá la decisión final sobre el traslado.
“No hay ningún motivo por el que este tribunal no deba aceptar las garantías que dicen que tendrá”, dijo el fallo de la corte. “No hay base alguna para suponer que Estados Unidos no ha dado las garantías de buena fe”.
La prometida de Assange, Stella Moris, calificó la decisión de “grave error judicial” y dijo que sus abogados presentarán un recurso “a la mayor brevedad posible”.
Assange, de 50 años, está retenido en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en Londres. Sus partidarios se congregaron en el exterior de tribunal el viernes con pancartas que pedían su liberación.
A principios de año, un juez de primera instancia rechazó el pedido de Estados Unidos para extraditar a Assange por cargos de espionaje derivados de la publicación de documentos militares secretos en WikiLeaks hace una década. La magistrada de distrito Vanessa Baraitser alegó motivos de salud y señaló que era probable que Assange se suicidase si entraba en el duro sistema carcelario estadounidense.
Estados Unidos presentó un recurso desafiando la noción de que la salud mental de Assange lo hacía demasiado vulnerable para resistir un juicio en el país.
El abogado James Lewis dijo que el fundador de WikiLeaks “no tiene un historial de enfermedades mentales graves y duraderas” y no llega al umbral que determinaría que no puede resistirse a autoinfligirse daño.
Las autoridades estadounidenses manifestaron a los jueces británicos que si acceden a la extradición, Assange podría cumplir cualquier sentencia de prisión que recibieron en su Australia natal. Además, señalaron que no sería retenido en la penitenciaría de máxima seguridad de Florence, Colorado.
La fiscalía estadounidense acusó a Assange de 17 casos de espionaje y de uno de uso indebido de computadoras por la publicación de millas de documentos militares y diplomáticos filtrados a través de WikiLeaks. Los delitos acarrean una pena máxima de 175 años de cárcel, aunque Lewis afirmó que “la sentencia más larga impuesta nunca por este delito es de 63 meses”.
