El presidente Alberto Fernández negó rotundamente que durante su gestión como jefe de Gabinete de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se le hubieran asignado fondos para obra pública “de manera desproporcionada” a la provincia de Santa Cruz.
“No, definitivamente no”, respondió el jefe de Estado ante una pregunta del defensor de Cristina Fernández de Kirchner, el penalista Alberto Beraldi. Alberto Fernández declara como testigo en el juicio por la obra pública adjudicada a las empresas de Lázaro Báez en Santa Cruz, en el juicio conocido como “Obra Pública”, que tiene entre los acusados a la actual vicepresidenta.
El jefe del Estado negó haber recibido indicaciones de los presidentes para asignar obra pública a Santa Cruz o al empresario Lázaro Báez. “No, definitivamente no”, repitió.
En cuanto a la adjudicación de fondos para la obra pública, Alberto Fernández consideró que se trata de “una decisión de carácter político no judiciable”, en consecuencia ajeno a la evaluación por un tribunal. “Me llama mucho la atención lo que se está discutiendo en este juicio”, resumió.
Alberto Fernández: “Me llama mucho la atención lo que estamos discutiendo en este juicio”
Alberto Fernández dijo, en su declaración como testigo en el juicio contra Cristina Kirchner: “Me llama mucho la atención lo que estamos discutiendo en este juicio”. Según el Presidente, “lo que se está discutiendo son decisiones políticas no judiciables”.
Fue en respuesta a una pregunta del abogado de la vicepresidenta, Carlos Beraldi, que lo consultó haciendo referencia a la condición de profesor de derecho penal del Presidente.
“No existe ninguna norma que ponga limitaciones a cómo se distribuye el gasto de la obra pública -contestó Fernández-. Eso es, a mi juicio, una decisión de carácter político no judiciable, lo he dicho públicamente y por eso me animo a decirlo en este juicio. Me llama mucho la atención lo que estamos discutiendo en este juicio.”
Fernández dijo que esa era su respuesta ”en condición de profesor de derecho penal”.
“Digo que definitivamente no existe una norma que diga cuánto se puede destinar a la obra pública ni existe una norma que diga de qué modo esa inversión debe ser distribuida”, afirmó.
