El gobierno de Maduro dejó libres a dos estadounidenses encarcelados, entre ellos un ejecutivo petrolero retenido junto a varios compañeras desde hace más de cuatro años, mientras busca mejorar sus relaciones con el gobierno de Joe Biden en plena guerra de Rusia en Ucrania, anunció la Casa Blanca
Gustavo Cárdenas quedó libre tras una visita secreta al país de altos funcionarios del gobierno estadounidense.
Las autoridades venezolanas liberaron también a Jorge Fernández, arrestado el año pasado por lo que Washington describió como “cargos falsos”.
“Estos hombres son padres que han perdido un tiempo precioso con sus hijos y con todos sus seres quedos, y sus familias han sufrido cada día de su ausencia”, afirmó el presidente Biden en un comunicado.
La liberación se produjo horas después de que su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, indicara su interés por mejorar las relaciones con Estados Unidos en medio de la invasión rusa a Ucrania y la preocupación en Washington por el aumento de los precios de la gasolina.
En un discurso televisado, Maduro pareció indicar que estaba dispuesto a acceder a las demandas estadounidenses de reanudar las negociaciones con sus opositores como primer paso para cualquier alivio de las sanciones de Washington que llevan años castigando al país de la OPEP.
Los funcionarios estadounidenses no han señalado otros resultados específicos de las conversaciones, pero apuntaron que las liberaciones reflejaron meses de trabajo para la construcción de una relación entre las dos naciones, especialmente por parte de Roger Carstens, el enviado presidencial especial para asuntos de rehenes.
Carstens había fracasado en otra oportunidad. Pero regresó a Venezuela el pasado fin de semana con otros funcionarios del gobierno, entre ellos Juan González, director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, y el embajador James Story, que dirige la Unidad de Asuntos Venezolanos del gobierno estadounidense desde la vecina Colombia.
El ejecutivo de Biden la describió como la primera visita de un funcionario de la Casa Blanca al país desde que Hugo Chávez tomó las riendas a finales de la década de 1990s, y una rara ocasión de discutir cuestiones políticas con el gobierno de Maduro.
Un funcionario dijo que fue “un diálogo constructivo, diplomático pero muy sincero” y que no supuso ningún quid pro quo pero permitió al gobierno estadounidense compartir su “visión del mundo” con el mandatario venezolano.
Altos cargos del gobierno, que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato declinaron explicar cómo se seleccionó a Cárdenas y Fernández de entre los casi 10 detenidos estadounidenses, pero apuntaron que Carstens presionó para que todos quedasen libres.
Cárdenas y otros cinco ejecutivos de Citgo, la filial de la petrolera estatal venezolana que tiene sede en Houston, estaban detenidos en Venezuela desde 2017, cuando fueron retenidos por agentes de seguridad enmascarados cuando participaban en una reunión en Caracas. Habían viajado al país para asistir a una reunión en las oficinas de PDVSA.
Fueron condenados a prisión por un plan que nunca fue ejecutado para refinanciar alrededor de 4.000 millones en bonos de la petrolera ofreciendo una participación del 50% en el gigante petrolero como garantía. La fiscalía acusó a los directivos de tratar de beneficiarse del supuesto pacto.
El gobierno de Estados Unidos ha presionado para su liberación, alegando que fueron enviados a prisión sin un juicio justo.
Otros tres estadounidenses están detenidos en el país: dos exboinas verdes, Luke Denman y Airan Berry, quienes fueron arrestados por su participación en un confuso complot para derrocar a Maduro, y el exmarine estadounidense Matthew Heath, detenido por cargos de armas.
Gonzalo Himiob, abogado y vicepresidente director de Foro Penal, dijo en un comunicado que hay que celebrar el fin de una detención arbitraria, pero advirtió de las consecuencias que puede tener un acuerdo como el que llevó a la liberación de Cárdenas.
“La liberación de cualquier preso político, cuando surge de un acuerdo entre actores políticos, y no del respeto a la ley, confirma que desde el principio las razones de la detención no eran legales ni válidas, sino políticas y, en consecuencia, arbitrarias y contrarias a los derechos humanos”, dijo Himiob.
Las conversaciones del fin de semana se produjeron poco más de tres años después de que Estados Unidos rompiera relaciones con Maduro y reconociera al líder opositor Juan Guaidó como gobernante legítimo de Venezuela.
Después de meses de esfuerzos por parte de intermediarios -lobistas estadounidenses, diplomáticos noruegos y ejecutivos petroleros internacionales- que han estado presionando para que Biden revise la hasta ahora infructuosa campaña de “máxima presión” que heredó de su predecesor para derrocar a Maduro.
Pero el impulso para el acercamiento con Maduro, que ha sido sancionado y está imputado en Nueva York por cargos de narcotráfico, adquirió mayor urgencia tras la invasión de Rusia a Ucrania y las consiguientes sanciones de Estados Unidos.
La crisis ucraniana promete reacomodar las alianzas mundiales y sumarse al aumento de los precios de la gasolina que impulsa la inflación, que ya se encuentra en su nivel más alto en las últimas cuatro décadas.
La semana pasada, importantes legisladores demócratas y republicanos empezaron a manifestar su apoyo a la prohibición de las importaciones de petróleo y gas natural de Rusia como siguiente paso para castigar al presidente ruso Vladimir Putin por la invasión.
Venezuela es el principal aliado de Putin en América Latina y uno de los principales exportadores de petróleo.
Su reincorporación a los mercados energéticos de Estados Unidos podría mitigar las repercusiones en las gasolineras de un posible embargo petrolero a Rusia. Pero las discusiones en Caracas fueron rápidamente condenadas por senadores demócratas y republicanos.
El senador federal Bob Menéndez, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, dijo que los intentos de Biden por unir al mundo contra Putin “no deben ser socavados al apuntalar” a Maduro, cuyo gobierno es investigado por la Corte Penal Internacional por posibles crímenes de lesa humanidad cometidos contra manifestantes en 2017.
