Cristina Kirchner le declara la guerra al poder judicial. La vicepresidente Cristina Kirchner volvió a atacar a la Corte Suprema en una estrategia de politización de las causas porque sabe que hay pruebas contundentes en su contra, y por eso “abrió el paraguas”.
El fiscal del juicio de la causa Vialidad Diego Luciani pidió para su exposición 6 días de 6 horas cada uno para presentar las pruebas que complicarían a la vicepresidente.
Las pruebas confirmarían las acusaciones a Cristina Kirchner, investigada en la causa como jefa de una asociación ilícita que direccionó contratos millonarios de obra pública en Santa Cruz en favor de Lázaro Báez a cambio de retornos a través de los hoteles de la vice.
Cristina Kirchner dijo en respuesta a las acusaciones de la investigación en la causa por corrupción en la obra pública en Santa Cruz que a su condena “ya la tienen escrita” y vincula la causa a “una cuestión política”, para tratar de minimizar las pruebas que no puede rebatir. A su vez, el cristinismo lanzó una dura ofensiva contra todo el Poder Judicial.
Espías buscaron datos secretos, de acuerdo a una denuncia por el supuesto ingreso ilegal de desconocidos a la oficina del Consejo de la Magistratura con declaraciones juradas de los jueces. Entre ellos, los que deben juzgar a Cristina Kirchner en la Causa Vialidad.
En el Poder Judicial hablan de “mensaje mafioso” a partir los hechos denunciados en la Magistratura, ya que en la oficina en la que había declaraciones juradas de los jueces estaba todo revuelto, cuando podrían haberlo vuelto a guardar. Consideran que se trató de “un mensaje” de los magistrados que juzgan a Cristina Kirchner.
La Cámpora y el senador kirchnerista Oscar Parrilli, que responde a la vicepresidente, atacan al juez de la Corte Juan Carlos Maqueda al promover una denuncia anónima y falsa en relación a la obra social de judiciales.
La acusación la impulsa la organización a cargo del diputado del Frente de Todos e hijo de la vicepresidenta, Máximo Kirchner, a través de un gremio de judiciales que no es representativo, ya que el mayor sindicato es el que lidera Julio Piumato. La obra social de este gremio tiene un superávit de más de 40 millones de dólares.
Según la acusación, hay malversación de fondos en el gremio y Maqueda tiene responsabilidad en la maniobra denunciada.
El kirchnerismo impulsa las acusaciones a través de un pedido de informes de Parrilli y del sindicato que promueve la denuncia, que se presentó como querellante y responde a La Cámpora.
La causa está a cargo del juez federal Ariel Lijo, que la mantiene abierta pese a las inconsistencias, y se presume que dentro del Poder Judicial hay quienes ayudan a La Cámpora para este tipo de denuncias extorsionadoras.(TN)
LA
