El Gobierno mandó al Congreso un proyecto para flexibilizar el mercado de trabajo, apura una baja de retenciones al campo y pelea con una inflación que sigue en baja. Sindicatos en alerta, empresarios alineados y un oficialismo que apuesta a convertir este combo en el punto de quiebre de su gestión
La Argentina volvió a combinar, en pocos días, todos los condimentos de sus grandes momentos de tensión política y económica: un proyecto de reforma laboral que promete dar pelea en el Congreso y en la calle, un alivio impositivo al agro que busca oxígeno en dólares y una inflación que, después de haber bajado fuerte, empieza a mostrar un leve rebote.
Con el nuevo Congreso ya en funciones, el Gobierno de Javier Milei decidió jugar fuerte. Envió su proyecto de reforma laboral con la intención de tratarlo en sesiones extraordinarias y, al mismo tiempo, anunció bajas en las retenciones a los principales complejos agrícolas. Todo, mientras los números de precios siguen en niveles altos y la economía real acusa el ajuste.
Las claves de la reforma laboral
El proyecto que llegó al Congreso se presenta como un intento de “modernizar” el mercado de trabajo y “facilitar la creación de empleo formal”. Detrás de esa fórmula, aparecen los puntos que más ruido generan:
- Jornadas más flexibles: se amplía el margen para redistribuir horas de trabajo, partir vacaciones y extender la jornada bajo acuerdos específicos.
- Cambios en las indemnizaciones: se reduce el costo del despido para las empresas al excluir del cálculo ciertos adicionales y permitir el pago en cuotas o a través de fondos de cese.
- Menos cargas patronales: se propone una baja gradual de aportes y contribuciones sobre los salarios.
- Salarios en otras monedas: se habilita que empleador y trabajador acuerden remuneraciones en dólares u otras divisas, siempre respetando los mínimos legales en pesos.
- Convenios y huelga: se limita la renovación automática de convenios colectivos, se refuerzan los acuerdos por empresa y se endurecen las reglas frente a tomas de plantas y bloqueos, que se consideran faltas graves.
En la Casa Rosada lo leen como la pata laboral del programa liberal que Milei prometió en campaña. En la oposición y el movimiento obrero, en cambio, lo ven como un retroceso directo sobre derechos conquistados en décadas.
Sindicatos en pie de guerra, empresarios con aval
La reacción sindical fue inmediata. La CGT y otras centrales ya hablan de una “reforma regresiva” y preparan movilizaciones hacia el Congreso. No descartan nuevas medidas de fuerza si el texto avanza sin cambios de fondo.
En los gremios se repiten tres advertencias:
- que se abarata el despido,
- que se habilita una mayor precarización,
- y que se ponen trabas a la acción gremial en empresas y sectores conflictivos.
Del otro lado, buena parte del empresariado —en especial la industria y los servicios que compiten con importaciones— respalda la iniciativa. Sostienen que la alta litigiosidad laboral y los costos asociados al despido son un freno crónico a la contratación formal, y que sin tocar esas reglas es difícil pensar en un salto de empleo privado.
Retenciones más bajas: un guiño al campo
En paralelo al frente laboral, el Gobierno movió otra ficha clave: las retenciones al agro. El anuncio incluyó recortes en las alícuotas de la soja y sus derivados, y también en cultivos como trigo, maíz y cebada.
Los puntos salientes:
- La retención a la soja en grano baja dos puntos porcentuales.
- En harina y aceite de soja, la carga desciende algunos puntos más.
- Para trigo, maíz y cebada, las alícuotas se reducen desde niveles cercanos al 9,5% a valores más bajos.
La apuesta oficial es doble: mejorar la competitividad del sector y acelerar la liquidación de exportaciones para sumar dólares a las reservas. En el campo celebran el gesto, pero recuerdan que Milei prometió, en el largo plazo, ir a una eliminación total de retenciones. Por ahora, la película muestra un camino gradual, no una poda a fondo.
Inflación: alivio relativo y rebrote incipiente
Todo esto ocurre sobre un piso que sigue siendo el gran termómetro social: la inflación. Después del fogonazo de 2024, con tasas anualizadas que rozaron el 300%, los precios empezaron a desacelerar. Pero el alivio está lejos de ser definitivo.
Los relevamientos privados marcan que en los últimos meses la inflación mensual se movió en torno al 2%–2,5%, con un repunte en alimentos —en especial la carne— que encendió alarmas. En la comparación interanual, las estimaciones rondan el 30%–31%: la cifra más baja en varios años, pero todavía incómoda para cualquier bolsillo.
En el Gobierno muestran esos números como prueba del “éxito del ajuste” fiscal y monetario. Economistas críticos, en cambio, señalan el reverso: caída del consumo, recesión en varios sectores y un mercado laboral que no termina de reaccionar. Con ese telón de fondo, cualquier rebote de precios vuelve a ser políticamente costoso.
Qué se juega el Gobierno en esta jugada
La ofensiva simultánea en tres frentes —reforma laboral, alivio al agro y pelea contra la inflación— es algo más que un paquete de medidas: es el intento de Milei de ordenar la economía bajo sus reglas aprovechando el envión de las últimas elecciones legislativas, que le dieron más peso en el Congreso aunque todavía sin mayoría propia.
El dilema es claro:
- Si el Gobierno consigue sacar adelante la reforma, mantener a raya la inflación y mostrar una economía que deja atrás la recesión, podrá vender el 2026 como el año del “despegue”.
- Si la reforma naufraga entre paros, protestas y negociaciones a la baja, y la inflación vuelve a descontrolarse, el costo político puede ser alto y rápido.
En el corto plazo, la foto es de conflicto abierto: sindicatos movilizados, oposición reagrupándose en el Congreso, empresarios tratando de influir en la letra chica y un oficialismo que eligió acelerar en lugar de dosificar. En un país experto en crisis, la pregunta vuelve a ser la misma de siempre: si esta vez el cambio de reglas alcanzará para salir del círculo o si se sumará a la larga lista de reformas a mitad de camino.
