El Estado argentino deberá pagar US$380 millones a las empresas Aguas de Barcelona (Agbar), Suez Environnement y Vivendi por la rescisión del contrato por el que estas compañías prestaban servicio a través de Aguas Argentinas.
El Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) confirmó el fallo que dictó en 2015 sancionando a la Argentina por una causa que se remonta a hace más de una década.
En 2005, las tres empresas le reclamaron al país un incremento de las tarifas del servicio, que llevaban varios años congeladas por la crisis de 2001 y la pesificación asimétrica.
A cambio del aumento de tarifas, Argentina exigió a las concesionarias, encargadas de prestar la provisión de agua potable y desagües cloacales en Buenos Aires y otras localidades, un compromiso de inversiones en la mejora de la red y el servicio.
Las dos partes no llegaron a un acuerdo y finalmente el Gobierno decidió rescindir el contrato del consorcio de empresas europeas, que llevaron el caso al Ciadi (tribunal arbitral independiente del Banco Mundial).
En abril de 2015 emitió un fallo dando la razón a las compañías y obligando a Argentina a pagar una elevada indemnización.
En concreto, el tribunal arbitral del Banco Mundial determinó que el gobierno argentino tenía que pagar 223 millones de dólares (203,7 millones de euros) a Suez; 123,2 millones de dólares (112,5 millones de euros) a Agbar y 37,2 millones de dólares a Vivendi (33,9 millones de euros) por pérdidas sobre deuda garantizada y capital.
En agosto de ese mismo año, Argentina recurrió alegando que el tribunal «no fue constituido correctamente», «se extralimitó en sus facultades de forma manifiesta», «hubo incumplimientos graves de normas de procedimiento esenciales» y que el laudo «omitió expresar los motivos en los que se basó».
El Ciadi, sin embargo, en una decisión que notificó a las partes el pasado 5 de mayo, rechaza la solicitud de anulación del fallo de abril de 2015.
GG
