Alejandra Gils Carbó renunció a su cargo al frente de la Procuración General de la Nación.
La decisión se tornará operativa el 31 de diciembre próximo, según confirmó la propia funcionaria judicial en una carta dirigida al presidente Mauricio Macri.
Muy afín al kirchnerismo, la jefa de los fiscales se encuentra procesada como coautora del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, por la compra de un edificio en la calle Perón al 600 para que funcionen las oficinas de la Procuración.
Por el inmueble se pagaron 43 millones de pesos y se abonaron comisiones que rondaron los 10,7 millones de pesos. A ella le trabaron un embargo por 7 millones de pesos.
«Yo no renuncio ni me tomo licencia«, había dicho Gils Carbó cuando la procesó el juez Julián Ercolini. Por entonces varios sectores del macrismo le pedían que se apartara.
Hace dos semanas su situación judicial se vio más complicada porque el juez en lo Contencioso Administrativo Pablo Cayssials declaró la inconstitucionalidad del sistema de remoción previsto por ley: es decir, no era necesario un juicio político para desplazarla.
De todas formas, actores del Gobierno habían descartado removerla por decreto.
La llegada
Gils Carbó llegó a la Procuración el 29 de agosto de 2012 por sugerencia de la entonces presidenta Cristina Kirchner.
Tras la salida del kirchnerismo de la Casa Rosada y su pública adhesión a esa gestión, empezaron los pedidos oficiales para que diera «un paso al costado» hasta que se clarificara su situación judicial.
La procuradora participó de la fundación de la agrupación K Justicia Legítima.
El caso
El magistrado Ercolini sostuvo que el objetivo de la operación inmobiliaria por la que está procesada Gils Carbó fue dar «apariencia de legitimidad» a un proceso administrativo «con personas insertadas con calidad simulada, con otras interpuestas para apariencia de empresa o negociación». Así, el proceso administrativo fue considerado como «una farsa«.
La carta
