El Ministerio de Seguridad de la Nación continúa la investigación para desmantelar todos los componentes de la llamada mafia de los contenedores. En este marco, la Policía Federal allanó terminales portuarias de la ciudad, en busca de pruebas en archivos informáticos y documentación, como así también la determinación del circuito que realizaban los contenedores hasta su salida.
Estos allanamientos se desprenden de la causa en la cual se investiga el accionar de empresas y despachantes de aduana por el ingreso de mercadería al país sin el debido control, mediante el uso de documentación fraudulenta.
Esta organización, conformada por despachantes de aduana, operadores de importación y comerciantes del rubro textil, tiene más de 50 procesados Entre ellos se encuentra detenido el empresario Juan Mariano Martínez Rojas, quien fue deportado desde Estados Unidos por el Homeland Security conjuntamente con personal de la Policía Federal a través del Departamento Delitos Federales e Interpol.
La causa madre tuvo inicio a raíz de una denuncia radicada por la Dirección General de Aduanas ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a raíz de haber detectado las maniobras fraudulentas mediante las cuales se importaban textiles y telas al país que no eran declarados como tales, sino como otros productos con lo cual abonaban menores tributos al Estado.
Esto provocó un perjuicio de al menos $ 3.500 millones. En el caso que nos ocupa, se investiga la adulteración de la documentación de embarque original de los contenedores, brindada por las empresas exportadoras de origen, a las que le cambiaban el peso del contenedor y la especie del producto.
A modo de ejemplo, en la documentación original se consignaba un peso de 22.500 kg de telas por un contenedor, y en la documentación presentada ante la Aduana se informaba un contenedor de flores de plástico por 8.300 kg
Por este motivo, agentes del Departamento Delitos Federales de la Policía Federal, institución que dirige Néstor Roncaglia, se encuentran allanando las terminales portuarias TRP (Terminales 1, 2 y 3); APM TERMINALS (Terminal 4) y BACSA (Terminal 5), todas ubicadas en la zona de Puerto Nuevo de la Ciudad de Buenos Aires.
Se cuenta con la cooperación de peritos informáticos, drones, apoyo fílmico de las tareas realizadas, inhibidores de señal telefónica, grupos de contención y brigadas operativas.
Dicha medida fue dispuesta por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 6 del Dr. Marcelo Aguinsky, Secretaría N° 12 del Dr. Guillermo Brugo.
