#CristinaKirhner #juicio #subsidios #gasoil #empresas #Argentina #corrupción #vicepresidenta #DeVido La ex presidenta Cristina Kirchner fue declarada con con falta de mérito en una investigación por supuesto pago de sobornos por parte de empresas de transporte beneficiadas con subsidios al gasoil, una decisión que abarcó a otros ex funcionarios y empresarios procesados junto con ella.
La resolución fue de la sala I de la Cámara Federal porteña que ordenó al juez del caso, Claudio Bonadio, profundizar la investigación y realizar una nueva pericia, según el fallo al que accedió Télam.
La senadora y precandidata a vicepresidenta estaba procesada en este caso por presunta defraudación y cohecho pasivo, al igual que el detenido ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, entre otros
Bonadio lo hizo en virtud de información surgida de la causa por los cuadernos de la corrupciòn y consideró a ambas pesquisas relacionadas.Pero los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi entendieron que, para este caso, «ninguna de las pruebas allí reunidas tiene incidencia en los hechos».
Además aludieron a la «imprecisión» de una pericia hecha en unidades de transporte para demostrar que se adulteraban los trayectos recorridos para acceder a los subsidios al gasoil. «La imprecisión de esta prueba constituye un importante límite para avanzar en la dilucidación de los hechos del presente sumario», agregaron.
Por ello, concluyeron que «se impone la necesidad de llevar a cabo un estudio pericial que permita superar las falencias apuntadas, en el que se incluyan todas las variables con incidencia en el cálculo de los subsidios al transporte, así como el referido a la cuota mensual de combustible a precio diferencial».
«Es por ello que, una vez que se reúnan todos los factores de las ecuaciones respectivas y sean aunados bajo una lectura integral que las cohesione con las exigencias propias de un examen pericial, se asistirá a un escenario procesal óptimo para llevar a cabo la evaluación reclamada a la luz de la ley penal», definieron.
