El tribunal oral federal de Buenos Aires que lleva adelante el proceso anunció que las audiencias se reanudarán el 4 de noviembre, cuando Fernández de Kirchner podría estar electa si la fórmula que comparte con el candidato a la presidencia Alberto Fernández se impone en los comicios una semana antes.
El primer juicio oral que enfrenta la exmandataria de centro-izquierda comenzó el 21 de mayo de este año y las audiencias tienen lugar los lunes. El tribunal esgrimió para justificar la postergación que el lunes 14 de octubre es día no laborable y que una semana después, el 21, uno de sus integrantes estará de licencia. En tanto, que el 28 de octubre fijó el inicio de otro juicio oral.
La senadora de 66 años está acusada de liderar una asociación ilícita que defraudó al Estado concediendo de forma ilegal contratos de obras públicas en la provincia sureña de Santa Cruz durante su mandato presidencial, entre 2007 y 2015.
La fiscalía alega que unos 50 de esos contratos de infraestructuras beneficiaron a Lázaro Báez, un empresario cercano a Fernández y a su fallecido marido y antecesor Néstor Kirchner. Los fiscales también afirman que se asignó a Báez una cantidad desproporcionada de obras en la provincia, varios proyectos registraron sobrecostes y muchos nunca se terminaron.
Esta postergación implica que el juicio no tendrá sentencia hasta el próximo año. Para entonces, Fernández de Kirchner ya podría estar en funciones como vicepresidenta si es que la fórmula que comparte con su exjefe de gabinete de ministros le gana al presidente conservador Mauricio Macri, quien busca la reelección.
El nuevo gobierno asume el 10 de diciembre.
La exmandataria ha negado las acusaciones y señaló que el juicio es una cortina de humo política. Ella acusa al gobierno de Macri de perseguirla con la esperanza de distraer a los votantes de los problemas económicos de Argentina y socavar su popularidad.
En el juicio hay otros 12 acusados, entre ellos el exministro de Planificación, Julio de Vido; su exsecretario de Obras Públicas, José López, y otras personas que ocuparon cargos durante su gobierno y el de su marido. El primero de ellos –quien está detenido por otras causas de corrupción– debería declarar cuando se reanude el juicio.
Si fuera condenada, Fernández de Kirchner podría recibir 15 años de prisión, pero para cumplir la condena deberían retirarle los fueros como senadora, que le garantizan inmunidad ante un arresto. Para que ello suceda, se requiere el voto de dos tercios de los 72 senadores. También el cargo de vicepresidenta conlleva inmunidad ante una detención.
