Cristina Kirchner blinda la información del Gobierno y niega datos públicos sobre sus actividades

BUENOS AIRES, ARGENTINA - FEBRUARY 11: President of Argentina Cristina Fernandez de Kirchner gestures during an act to announce Investments in education at de la Mujer Hall, Presidential Palace on February 11, 2015 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Charly Diaz Azcue/LatinContent/Getty Images)

Contradiciendo las pautas de las organizaciones de Transparencia y Derechos Humanos más reputadas del planeta, la vicepresidenta Cristina Kirchner ​actuó sobre un área relevante para un país regido por el Estado de Derecho acorde al siglo XXI.


La que se dedica Acceso a la Información Pública. Son normas que permiten a los ciudadanos obtener documentos estatales para conocer cómo trabaja un Gobierno.


Ocurre que las políticas que impulsó Fernández (Cristina) sobre esta variable van en sentido contrario total a las que se ejecutan en países de plenas libertades cívicas. Desde que el PJ volvió al poder, la vice se ocupó de imponer, entre otros, a dos dirigentes de mayor confianza en cargos claves en el Ministerio de Justicia. Así tiene poder sobre los pedidos de acceso a la información pública de documentación que podría comprometerla en la Justicia. Esa “guardia pretoriana” de la vice está integrada por el secretario de Justicia, Juan Martin Mena, ex subjefe del espionaje nacional, y por el titular del organismo encargado de regular las sociedades comerciales, la Inspección General de Justicia (IGJ), el abogado Ricardo Nissen. Este funcionario asesoró en cuestiones legales a la familia Kirchner, sobre todo, en las causas judiciales vinculadas a empresas a las que ahora él tutela desde el Estado.


Ambos ya dieron muestras de sus objetivos, al menos en lo que respecta a la información pública, estatal, que podría obtener cualquier ciudadano. Entre otras medidas similares, le negaron a la abogada Silvina Martínez el acceso a los papeles del llamado Instituto Patria, la sede central del “cristinismo”. LA IGJ no los divulgará.El “Patria” no es solo una oficina en la que trabaja la vice. Es un centro de formación de políticas investigado en la Justicia por posible financiamiento irregular.¿Quién fue el ejecutor de esta negativa a dar información, que no parece ser una muestra de transparencia? Juan Martín Mena.


Martínez rastrea desde hace meses pistas sobre el “Patria”, y sobre muchas otras empresas vinculadas a la vice. Junto a la ex diputada Margarita Stolbizer, presentaron varias de las denuncias que terminaron en juicios orales con Cristina Fernández como principal procesada.

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Periodista, locutor, actor y editor de Semanario Argentino y de Radio A de Miami. Director de Diario Sur Digital.