Unos 300 policías bonaerenses que habían sido sumariados entre diciembre de 2015 y de 2019 fueron reincorporados a la fuerza de seguridad la semana pasada, mientras se espera que en la que arranca otros 900 corran la misma suerte, confirmaron distintas fuentes.
Se estima que entre 5.000 y 6.000 agentes podrían regresar a su trabajo en la policía provincial, de los 16.000 que fueron sancionados durante la gestión anterior.
“Algunos cobraron 50 por ciento del sueldo los primeros 120 días y después percibían el total estando en sus casas. Muchas de las causas fueron desestimadas y enviadas a archivo por la justicia y por la Auditoría General de Asuntos Internos”, dijo un vocero oficial en estricto off, convencido de que “sumariaban a granel por cosas mínimas para generar estadísticas de marketing, en su combate épico a la corrupción”.
La incorporación de estos policías ayuda a una fuerza que debió aislar preventivamente a casi la mitad del plantel (son 90 mil efectivos), previendo contagios masivos de coronavirus entre sus filas, ya que integran – junto con el personal de salud- las primeras líneas en el combate contra la pandemia.
Carlos Fabián Vizcaíno González, un abogado platense que es también comisario mayor retirado de la bonaerense, fue impulsor de esta iniciativa, como representante legal de “más de 400 policías” sumariados por Asuntos Internos, explicó. Lo hizo a través de una carta que el último día de marzo le envió al ministro de Seguridad Sergio Berni, sugiriéndole “volcar todos esos recursos humanos; hombres y mujeres con vocación de servicio que hoy se encuentran injustamente desafectados del servicio” a “las distintas comisarías de la Provincia de Buenos Aires y a la Dirección de Policía de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas”, área abocada “a todas las cuestiones derivadas del COVID- 19”.
El abogado recomendó levantar “todas las medidas cautelares dictadas por la Auditoría General de Asuntos Internos” en las distintas investigaciones sumarias administrativas que hizo en los cuatro años previos, bajo las figuras de desafectación de servicio, prórroga de la misma y pase a disponibilidad, con el argumento de que “en los expedientes en los que se dictaron esas medidas no hay resolución administrativa firme”, dijo. A criterio de Vizcaíno “se ha quebrado el estado de inocencia y se vulneraron todas las garantías de esos efectivos policiales alcanzados con dichas cautelares”.
Fundó su planteo en el artículo 242 del decreto 1050/09, que establece que la desafectación del servicio se levantará “si transcurriere el plazo máximo de 120 días” y “el sumario administrativo por el que fuere decretada no pudiere resolverse”, por lo cual “el personal policial será reintegrado al servicio asignándosele el destino que la superioridad” determine, en función de la jerarquía del policía, excepto que “el reintegro del personal al servicio activo pudiera verosímilmente aparejar un perjuicio para la institución o entorpecer el normal desarrollo del trámite administrativo”, se desprende de la normativa.
“A muchos de estos efectivos se los mantuvo sin auto de imputación, en algunos casos, sin denuncia, y sin haberlos escuchado durante años”, lamentó Vizcaíno, quien insistió en que “los privaron de trabajar”.
Este diario pidió la lista de los policías que fueron reincorporados en la última semana, pero no tuvo acceso a la misma. Durante la gestión de María Eugenia Vidal, la Auditoría General de Asuntos Internos apartó de la fuerza a unos 16 mil efectivos, por distintas sospechas.
“Los mensajes de los que fueron reincorporados y los de su familia emocionan, verdaderamente”, cerró Vizcaíno.
“Sumariaban a granel por cosas mínimas para generar estadísticas”, dijo un vocero oficial
