La causa tiene su origen en una denuncia penal de realizada por la AFIP, según pudo saber LA NACION. El delito por el que se procesó al «hombre de los desfiles» es una acción para disminuir, por medio del fraude, el patrimonio propio para no cumplir con todas las obligaciones tributarias y previsionales.
Giordano creó una serie de sociedades en las que designó como autoridades a conocidos suyos «sin capacidad contributiva», aunque quien en realidad manejaba efectivamente estas organizaciones era el empresario.
Luego, habría desapoderado a los testaferros de sus bienes y los habría vendido a valores nulos, bajos o transferidos a personas carentes de solvencia económica para afrontar tales adquisiciones.
La Justicia también corroboró que el empresario habría ocultado al menos 17 bienes de su propiedad a través de tres sociedades y así defraudó a sus acreedores, entre ellos, el fisco.
De acuerdo con la investigación, las empresas no serían operativas sino que tendrían como única finalidad ser titulares de inmuebles sin ejercer actividad alguna y así el empresario impediría fraudulentamente el cobro de sus deudas. Mientras tanto, y siempre según la investigación judicial, el empresario acumulaba deudas laborales, comerciales, previsionales y tributarias en su cadena de peluquerías.
