Los jueces de la Sala I de la Cámara de Casación Penal, Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, son los que definirán dos causas de alto voltaje político que involucran a Cristina Kirchner, por un lado, los cuadernos de las coimas, donde la tiene como principal acusada y la causa por espionaje ilegal, que la tiene como víctima.
En la causa de los cuadernos de las coimas que, junto a la vicepresidenta, están involucrados decenas de empresarios y ex funcionarios kirchneristas, los jueces deben definir si es o no constitucional la aplicación de la ley del imputado colaborador, más conocida como ley del arrepentido. Párrafo aparte, buscan invalidar los testimonios de los arrepentidos para dañar la causa.
Esta discusión tiene como eje la validez de los registros escritos en actas como soporte técnico. Quienes apuntaron a desarticular la prueba producida en la causa de los cuadernos a partir de los dichos de 31 arrepentidos fueron tanto las defensas de los empresarios Gerardo Ferreyra y Juan Lascurain, como de los ex funcionarios del Ministerio de Planificación y Hernán Gómez.
Las defensas piden que se declare la nulidad de lo actuado por el fallecido juez Claudio Bonadio en la causa, por la manera en que se tomó registro de los dichos de los arrepentidos: esto significa, sin un registro audiovisual. La fiscal ante el Tribunal Oral Federal N°7 (a cargo del juicio oral de la causa), Fabiana León, ya consideró que las actas de papel son válidas. Lo mismo hizo el fiscal de Casación, Raúl Piee, que interviene en este expediente.
Esta Sala de Casación fue la que confirmó a Bonadio al frente de la causa de los cuadernos y, en la mayoría de los casos, tuvo pronunciamientos adversos a los planteos de los acusados. Barroetaveña y Petrone ya mantuvieron una buena sintonía en fallos anteriores y se consolidaron como la mayoría. En tanto Figueroa había votado a favor de remover a Bonadio del expediente, propósito presentado por el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi.
La Sala I también revocó el pedido de prisión preventiva que había dictado Bonadio contra la vicepresidenta, una cautelar que había sido confirmada por la Cámara Federal y ordenó la libertad de Julio De Vido y Roberto Baratta en el caso de los cuadernos.
Por otro lado, en el caso por espionaje ilegal tramitado en los tribunales de Lomas de Zamora, en el que se investiga por seguimientos al Instituto Patria a la cúpula de la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri -Gustavo Arribas y Silvia Majdalani ya están procesados-, esta sala de Casación deberá fijar una posición final sobre el conflicto de la competencia, después que el juez de la causa, Juan Pablo Auge, rechazó un pedido de la jueza María Eugenia Capuchetti para que le enviara el expediente a Comodoro Py.(LN)
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