Unos 80 fiscales rechazaron este Viernes la posibilidad de que se modifique la forma en que se elige al procurador general de la Nación y consideraron que, si se reduce la cantidad de votos necesarios para hacerlo, “sería una involución”. Los miembros del Ministerio Público plantearon su postura en una carta dirigida al presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado Oscar Parrilli.
Los fiscales explicaron que la ley del Ministerio Público “cuidó de cumplir este mandato y estableció que el Procurador General de la Nación debía ser nombrado con acuerdo del Senado, con los dos tercios de los presentes”. “La ley quiso que su designación surgiera de una concertación de las fuerzas políticas y de la representación federal de que se encuentra investido ese cuerpo legiferante”, agregaron.
En tanto, el fiscal de casación Mario Villar, uno de los firmantes, explicó por qué critican el intento de modificación de la elección del jefe de los fiscales, que podría pasar a necesitar de una mayoría absoluta en la Cámara alta (37 votos) y destacó que el nombramiento del procurador con los dos tercios del Senado presente “fue fijado por una cuestión histórica” y recordó que en 1990, cuando era elegido por decreto del Poder Ejecutivo “las críticas que se hacían eran que no se investigaba al poder y a la corrupción que había en él”.
“Se vuelve a un sistema donde se permite o se hace susceptible a la institución de algo que la propia coalición de gobierno critica: el lawfare (guerra jurídica)”, sostuvo. “Si uno debilita la institución es más fácil controlarla y si eso sucede, los procesos y lo que se haga hacia adentro puede ser controlado”, agregó.
En el escrito remitido a Parrilli, los fiscales defendieron la mayoría de dos tercios como la más legítima al momento de nombrar al procurador, contra el proyecto del oficialismo que busca modificar esa condición definiendo que se elija el cargo por mayoría absoluta. “La mayoría simple significaría refrendar un Procurador por un mismo partido o coalición de gobierno a la que pertenece el Poder Ejecutivo que lo propone, significando una involución, un retroceso a la situación anterior a la Constitución del año 1994”, resumieron.
Además se refirieron al intento de modificar la integración del jurado de enjuiciamiento. “La reforma también parece incluir el régimen disciplinario y de remoción de los fiscales, por lo cual debe cuidarse que no se establezcan mayorías que puedan afectar la imparcialidad de las decisiones del tribunal de enjuiciamiento y en definitiva el debido proceso, en detrimento de la estabilidad y autonomía en el ejercicio de sus funciones”, indicaron.
Al respecto, pidieron a los legisladores “que piensen antes en las instituciones que en la coyuntura, que no poder nombrar un procurador porque no se logra el consenso necesario no puede justificar desnaturalizar una institución constitucional”.(TN)
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