Con 42 votos a favor, 26 en contra y cuatro ausentes, el oficialismo en el Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de Impuesto a la riqueza, que recaerá sobre las personas que tengan un patrimonio superior a los $200 millones.
La iniciativa ya había sido aprobada en la Cámara de Diputados al obtener 133 votos (oficialismo e Interbloque Federal, Unidad Federal para el Desarrollo, Movimiento Popular Neuquino, y Acción Federal) mientras que cosechó 115 rechazos de Juntos por el Cambio. Hubo dos abstenciones del bloque de izquierda.
Carlos Caserio, senador cordobés por el Frente de Todos, aseguró que “esta ley y estos recursos van a ser un gran impulso para la Argentina. El 99,98% de los argentinos no tendrá que hacer este aporte, y nosotros no estamos persiguiendo a nadie. La Oficina de Presupuesto calcula que se recaudarían 420.000 millones de pesos, lo que equivaldría al 1,5% del PBI”.
Caserio agregó que “es un aporte único que se decide pedir en una situación excepcional”, y remarcó que el país está “saliendo de esta pandemia como se salió de algunas guerras mundiales, con miles de muertos y las economías suficientemente desgastadas”.
”Este aporte que solicitamos es para ayudarnos a recuperar de la pandemia”, insistió y agregó que “el Estado es una herramienta fundamental”. En este sentido, afirmó que “si el Estado no hubiese puesto el ATP, habría empresas que no le podrían pagar a sus trabajadores”.
Por otro lado, remarcó que el aporte “es obligatorio, porque es por ley, pero lo solicitamos de buen modo. Les pedimos a los que más tienen un aporte solidario”. Y además indicó que la medida alcanzará a “10.000 o 12.000 contribuyentes”.
Por su parte Martín Lousteau, senador por la Ciudad de Buenos Aires por la UCR, afirmó que “los impuestos son un costo de producción para los empresarios, lo que los hace ser menos competitivos dentro de un Estado cada vez más caro. Hoy tenemos una carga tributaria que ya es récord, y con esta presión no vamos a poder crear puestos de trabajo para sacar a nuestros compatriotas de la pobreza”.
El ex ministro de Economía afirmó que “esta ley no es un aporte, es un impuesto”, al aseverar que “no existe tributariamente la palabra ‘aporte’ salvo para el sistema de seguridad social. Si éste es un impuesto extraordinario por única vez, no entiendo cómo vamos a seguir financiando las cosas que están listadas en la ley que realmente importan”.
En este sentido, añadió que “cada vez que el Estado quiere gastar más, crea un impuesto”, por lo que se preguntó: “¿No podríamos mejorar la gestión?”.
Además, cuestionó el número de aportantes obligados por la ley: “¿Sólo diez mil casas que valen un millón de dólares? Hagan bien los cálculos, muchachos. O mejoren la AFIP”.
”Argentina “tiene pobreza récord. Con más de este Estado no vamos a salir de la pobreza. Es el Estado, no la solidaridad. Para eso hay que construir un buen Estado con un nivel de gasto adecuado”, sentenció.
Mariano Recalde, senador por la ciudad de Buenos Aires del Frente de Todos, afirmó que “en este momento se requiere de financiamiento, que se puede buscar de distintas maneras. Nosotros queremos que se haga hacer este aporte que es progresivo, justo y razonable y apunta a un sistema tributario más equitativo”.
A su vez Juan Carlos Marino, senador radical por La Pampa, señaló que “este impuesto de solidario tiene muy poco, y le pega en la línea de flotación a la industria y el campo. Es fácil ser solidario con plata ajena, y nosotros estamos yendo a contramano de lo que realmente necesita Argentina y si vamos a contramano vamos a colisionar. Acá hay que apostar a los emprendedores, a los empresarios, y ojalá que haya muchos ricos en nuestro país. El camino no es ponerle un impuesto más a los privados, que está para generar trabajo genuino y verdadero”.
El Aporte Solidario y Extraordinario para morigerar los efectos de la pandemia busca recaudar más de $300 mil millones. El proyecto fue impulsado por los diputados Máximo Kirchner y Carlos Heller.
Las cifras oficiales
Según cálculos del oficialismo, la contribución obligatoria que impone el Aporte Solidario abarcará a unas 12.000 personas. La iniciativa prevé el cobro del 2% a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado hasta la fecha de la promulgación de la ley más de 200 millones de pesos.
La tasa se elevará al 2,25% en casos bienes por entre 300 y 400 millones de pesos; al 2,50% entre 400 y 600 millones y al 2,75% cuando sea de 600 a 800 millones. El gravamen subirá al 3% cuando los patrimonios oscilen entre 800 millones y 1.500 millones; al 3,25% para el rango de 1.500 a 3.000 millones de pesos, y a partir de esa cifra será del 3,5%.
Tal como publicó TN.com.ar, un pequeño grupo de senadores y diputados debería pagar una cifra millonaria. Del análisis de sus declaraciones ante la Oficina Anticorrupción (OA) surge que ocho legisladores quedarían alcanzados por el Impuesto a las Grandes Fortunas y aportarían unos $100.222.863.
Se abre un nuevo frente judicial
Con el impuesto a la riqueza convertido en ley, es de esperar un escenario marcado por la litigiosidad. Durante el debate, los senadores opositores expresaron insistentemente que el impuesto trae consigo inconsistencias legales e inconstitucionales. Y advirtieron que comenzarán a acumularse medidas cautelares y otro tipo de demandas.
Semanas atrás, cuando la iniciativa estaba a punto de recibir media sanción en Diputados, el Foro de Convergencia Empresarial -integrado por más de 80 instituciones de la Argentina, incluidas AEA, UIA, IDEA, ACDE, Sociedad Rural, ABA, DAIA y la Cámara de Comercio- había advertido sobre una posible “rebelión fiscal”.
“Sorprende que, en un momento en que se necesita promover la inversión privada para recuperar la actividad económica y generar empleo genuino, la Cámara de Diputados impulse un proyecto de ley que, a todas luces, generará un efecto inverso”, manifestó entonces el organismo a través de un comunicado. Y continuó: “Se trata de una iniciativa confiscatoria, al gravar nuevamente activos que ya son objeto de otros gravámenes”.
La UIA, por su lado, consideró por aquellos días que el impuesto “incrementa los problemas que impiden la reactivación económica, afectando profundamente al sector productivo”.
