El Informe sobre las actividades de examen preliminar 2020 recomienda analizar delitos presuntamente cometidos desde Abril de 2017, durante las manifestaciones que se produjeron en Venezuela después que el Tribunal Supremo de Justicia dejara sin competencias a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora. Así, se investigarán los encarcelamientos de “miles de miembros de la oposición, reales o aparentes”, algunos de los cuales “habrían sido presuntamente sometidos a graves abusos”.
“La información disponible indica que personas afines al Gobierno también participaron en la represión de opositores o de personas percibidas como tales, principalmente actuando en conjunto con miembros de las fuerzas de seguridad”, aseguró la Fiscalía del tribunal, encabezada por Fatou Bensouda. Otros cuerpos que habrían cometido crímenes de lesa humanidad, al menos desde Abril de 2017, serían la Dirección General de Contrainteligencia Militar, la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) y la Guardia Nacional Bolivariana.
Es la primera vez que esta entidad especifica por su nombre qué fuerzas del orden del país caribeño están siendo investigadas. El documento se encuentra bajo el análisis de la Fiscalía de La Haya, ya que la Corte es un tribunal de última instancia que solo interviene cuando los Estados no llevan adelante investigaciones fehacientes sobre los crímenes denunciados.
Bensouda aseguró que prevé concluir el examen preliminar sobre Venezuela en el primer semestre de 2021, momento en el cual espera determinar si existe una base razonable para solicitar a los jueces la apertura de un expedienteo, por el contrario, archivarlo. Además, señaló que en las protestas “algunos grupos de manifestantes habrían recurrido a medios violentos”, lo que provocó “lesiones o muertes de algunos miembros de las fuerzas de seguridad”.
Otro país latinoamericano al que la Fiscalía de la CPI tiene abierto un examen preliminar es Colombia, debido a delitos cometidos presuntamente por miembros del Ejército, el grupo armado FARC y grupos paramilitares. La Fiscalía valoró positivamente la Jurisdicción Especial para la Paz, el mecanismo de justicia transicional para juzgar los crímenes cometidos en el marco de conflicto armado colombiano.
“Las autoridades colombianas parecen haber avanzado en la investigación de los posibles casos identificados”, indicó Bensouda en el informe, aunque no estableció ninguna fecha límite para decidir si concluye el examen preliminar de Colombia.(TN)
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