El Gobierno nacional extendió por seis meses más la intervención en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) y ratificó al frente del organismo a Victoria Donda, que semanas atrás había sido imputada por la Justicia por haberle ofrecido un cargo en esa institución a su empleada doméstica.
La denuncia contra Donda fue presentada el 29 de Diciembre pasado por la empleada doméstica de la funcionaria, que la acusó de no realizarle los aportes patronales y ofrecerle un plan social o un puesto en el organismo que preside a modo de compensación.
Fue por esta acusación que la Justicia Federal impulsó una causa por presunta malversación de caudales públicos y administración fraudulenta contra la titular del Inadi. La decisión partió del fiscal Eduardo Taiano, que se encuentra de manera temporal al frente de la fiscalía 9, a cargo de Guillermo Marijuán, de licencia por enfermedad. Entre otras cuestiones, se requirieron medidas de prueba para avanzar en la investigación.
Pese a la pesquisa judicial en su contra, la Casa Rosada ratificó a Donda al frente del organismo a través del decreto 22/2021 publicado este Martes en el Boletín Oficial con la firma del presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero y la ministra de Justicia Marcela Losardo. La funcionaria continuará en el cargo por otros 180 días.
“Es cierto que el Estado ha sido utilizado muchas veces como seguro de desempleo, pero en el caso de Victoria (Donda) no tengo ninguna duda de que fue alguien que quiso hacerle daño. Quien la conoce, sabe que no está en su naturaleza sacarle ventaja a los puestos del Estado”, señaló el jefe de Estado y agregó: “Claramente entiendo que el Estado no debe ser una maquinaria de empleo. Es cierto que ha habido abusos: alguien se queda sin empleo, tiene un amigo en el Estado y le da un trabajo para sobrevivir. Pero lo dice alguien que cuando fue jefe de Gabinete se fue con menos empleados en la jefatura que cuando entró”.
Cuando estalló el escándalo, Donda había dicho que “es todo mentira” y aseguró que se trata de “una mujer en situación de vulnerabilidad que está siendo usada para desprestigiar”. El abogado de la ex empleada de Donda Osvaldo Barsanti afirmó que durante 10 años su defendida estuvo “totalmente en negro” y que desde 2016 fue “parcialmente registrada con un salario menor al que le correspondía”. Una demanda se inició en el fuero penal y otra en el laboral.
El problema habría comenzado cuando la mujer mantuvo una conversación con Donda para transmitirle su intención de jubilarse. Al repasar la documentación, advirtieron que faltaban los aportes de años anteriores. Además, según el letrado Barsanti, la funcionaria no se habría hecho cargo del salario de la empleada doméstica durante la pandemia de coronavirus.
Donda brindó una versión diferente al asegurar que la mujer le manifestó su interés en renunciar “por razones personales” y dijo que, ante esa situación, “recomendó la posibilidad de acceder a alguna prestación social” a la vez que realizara “alguna contraprestación en su barrio”. “También le mencioné la posibilidad de que colaborara en el INADI en algunos de los programas y acciones que el organismo realiza” concluyó (TN)
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