Después que la ANSES intimara a jubilarse al fiscal Eduardo Taiano, que investiga el escándalo por el vacunatorio VIP, el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional Marcelo Gallo Tagle advirtió que estas notificaciones son “amenazas veladas” y que “dan a entender que se busca dar por perdido el trámite jubilatorio”. Advirtió que vulneran derechos adquiridos y anticipó que van a plantear la inconstitucionalidad de estas notificaciones.
En las últimas horas la Administración Nacional de Seguridad Social le envió a Taiano una intimación. El documento afirma que si en los próximos 30 días no se jubila va a perder los haberes previsionales que él ya tiene tramitados en ese organismo, para tener el haber del régimen anterior del Poder Judicial, tras los cambios en esa modalidad. La recibió luego de que se tomaron medidas como la imputación del ex ministro Ginés González García y el allanamiento del Ministerio de Salud en la causa por el vacunatorio VIP.
El juez Gallo Tagle sostuvo que será cada funcionario judicial el que decide “si se jubila o no” y que los colegas con los que habló le dijeron que están dispuestos a “permanecer en fuero judicial y no dejarse doblegar por la amenaza”, en referencia a la notificación de la ANSES. Consideró que se trata de un “avasallamiento e incumplimiento” de la ley y que se vulneran derechos adquiridos.
Adelantó que van a plantear la inconstitucionalidad de esta medida, que les llegó además a otros funcionarios judiciales, porque planteó que la circular “avanza con afirmaciones que van más allá de lo que la ley previó”. En cuanto a si esta intimación puede amedrentar a Taiano, sostuvo que “en modo alguno le va a temblar el pulso” al fiscal y a la jueza de la causa, María Eugenia Capuchetti, “para determinar si hay delito o si no lo hay”. Manifestó que en este último caso “se desestimará la denuncia”.
Rechazó las fuertes críticas del presidente Alberto Fernández, que en una conferencia de prensa en México pidió “terminar con la payasada” al considerar que “no hay un delito por adelantarse en la fila” de la aplicación de inmunizaciones contra el COVID-19. Expresó que aunque es sumamente complejo para el Gobierno administrar las vacunas eso “no justifica pretender cambiar el ojo de la discusión, y perder de vista si lo que sucedió es un delito o no”.
Cuestionó que el Ejecutivo “intenta desprestigiar al Poder Judicial cuando no hay motivos para hacerlo”, que el caso de la vacunación VIP es “cuanto menos una grave falta ética” y que “por más comentarios peyorativos que se hagan hay motivos para investigar”.(TN)
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