Los Procuradores Generales y Fiscales Generales de los países miembros y asociados del Mercosur advirtieron este Jueves que una reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal de la República Argentina podrá afectar su independencia y autonomía.
En una declaración divulgada este Jueves, los representantes de Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador y Perú expresaron su preocupación por el proyecto impulsado por el gobierno nacional. “Manifestamos nuestra preocupación por el proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal de la República Argentina, la cual podría afectar su independencia y autonomía”, alertó el comunicado.
Además la nota expresó la “creciente preocupación ante las continuas manifestaciones y acciones de otros poderes que buscan limitar la actuación de los Ministerios Públicos que afectan directamente su independencia y autonomía” y añadió: “Reiteramos lo ya manifestado en las Reuniones Especializadas de Ministerios Públicos del MERCOSUR (REMPM) realizadas anteriormente sobre la necesidad que los Ministerios Públicos puedan ejercer sus funciones de manera independiente y autónoma, con los recursos necesarios para esos fines y así poder actuar libres de todo tipo de presión, injerencia, persecución o amenaza, y exigimos respeto por estas condiciones mínimas de actuación”.
“Por último -concluyó la declaración- resaltamos que una declaración similar a la presente fue efectuada en el año 2017 durante la Presidencia Pro-Tempore de la República Federativa del Brasil, ante un proyecto de reforma a la misma Ley argentina”.
La declaración, fechada en Brasilia, Asunción, Montevideo, Santiago de Chile, Bogotá, Quito, Lima, está firmada por Augusto Aras, Procurador General de la República Federativa de Brasil; Sandra Raquel Quiñonez Astigarraga, Fiscal General del Estado de la República del Paraguay; Jorge Díaz, Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación República Oriental del Uruguay; Jorge Abbott Charme, Fiscal Nacional de la República de Chile; Francisco Roberto Barbosa, Delgado Fiscal General de la Nación de la República de Colombia; Diana Salazar, Fiscal General de la Nación de la República de Ecuador, y Zoraida Ávalos, Fiscal General de la República del Perú.
A su vez, el gobierno de Alberto Fernández impulsa desde hace tiempo una ley con la que prevé cambiar las mayorías necesarias para elegir al Procurador General de la Nación. Actualmente el cargo recae en Eduardo Casal, procurador interino.
La iniciativa busca terminar con el requisito de contar con los dos tercios actuales de los senadores para la elección y reemplazarlo por una mayoría simple, o sea la mitad más uno de los legisladores.
El oficialismo no cuenta hoy con los votos necesarios para elegir al procurador, por lo que busca cambiar la norma.
El plan además prevé que en caso de que no haya un procurador designado la elección recaería en la Comisión bicameral del Congreso que sigue al Ministerio Público. Esta comisión está bajo control del kirchnerismo.
El proyecto oficial impulsa cambiar la integración del Tribunal de Enjuiciamiento de fiscales y suspender con una mayoría simple a fiscales por razones disciplinarias.
El titular de la Asociación de Fiscales Nacionales, Carlos Rívolo, advirtió que la reforma del ministerio Público impulsada desde el gobierno “es un pelotón de fusilamiento para los fiscales”.
El proyecto de reforma fue aprobado en el Senado, pero está paralizado en la Cámara de Diputados.(TN)
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