La Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos llegó este Martes a Colombia y generó automáticamente revuelo. La delegación, conocida como “Comisión Juan Grabois” luego que el dirigente social fuera deportado al intentar ingresar al país, está integrada por 21 miembros de diversas organizaciones sociales, sindicales y organismos de derechos humanos, pero en gran medida alineados con el Gobierno de Alberto Fernández. Por lo tanto, además de realizar un viaje internacional cuando la mayoría de los ciudadanos argentinos tiene prohibido salir, generó sospechas sobre la implicación del Estado argentino y sobre su financiamiento.
La delegación estaba originalmente integrada por 22 miembros. Pero el mismo Martes al arribar a Colombia, Grabois, referente del Movimiento Evita, y miembro Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano, fue retenido y luego expulsado del país. Según informó el país que gobierna Iván Duque, Grabois tenía el pasaporte vencido pero el motivo que pesó en la decisión de deportarlo fue la falta de respeto a las autoridades migratorias. La decisión fue cuestionada por el propio canciller Felipe Solá.
Fuera de Grabois, la comitiva quedó integrada por Leonardo Pérez Esquivel (ATE); Sergio Maldonado (hermano de Santiago Maldonado); Alejandro Rusconi (AAJ); Marianela Navarro y Sebastián Fernández (FOL); Laura González Velasco (Somos-Barrios de Pie); Pablo Pimentel (APDH); Gonzalo Armúa (Patria Grande); Martín Ferrari (Frente Darío Santillán); Ismael Jalil (Correpi); y Teri Mattson (Codepink Women for Peace). Además, viajaron Pablo Garciarena (Xumec, Asociación para la Protección de los Derechos Humanos); José María Cano (CTA Autonóma); Pablo Bres (Serpaj); María Paula Giménez (Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico) y Milagros Rezinovsky (Movimiento Evita), entre otros.
Desde Colombia, y consultado sobre cómo estuvo financiado el viaje de la delegación, Martín Ferrari sostuvo: “Lo estamos haciendo autogestivamente, cada institución va recaudando fondos, incluso individualmente nos cubrimos los gastos diarios de nuestro bolsillo. Son delegaciones atuogestionadas, somos independientes como delegación más allá de que haya miembros de organizaciones políticas” y sin mayores detalles agregó “No hay ningún aporte estatal, son fondos de las organizaciones, donaciones, aportes desde nuestro bolsillo, eso nos da independencia, no estamos en representación del Estado sino de la sociedad civil”.
La Misión tiene previsto regresar a la Argentina el 3 de Junio. El 2 de Junio presentará un informe preliminar sobre los casos de violaciones de derechos humanos en Colombia durante la crisis social que estalló hace un mes en el país.
Finalmente, el Gobierno de Colombia aseguró que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) podrá visitar sin “ningún problema” el país para relevar las denuncias de violencia institucional y policial contra manifestantes registradas en la crisis social que vive el país, de la cual se cumplirá un mes este Viernes.
El anuncio oficial supone un cambio respecto de la posición mostrada por el Gobierno de Iván Duque hasta y coincide con un duro pronunciamiento hecho público este Miércoles por la CIDH, que reclamó la urgente presencia de una delegación propia en el terreno colombiano.
El Lunes, la vicepresidente y canciller Marta Lucía Ramírez le había dicho en Washington a la secretaria ejecutiva de la CIDH, María Claudia Pulido, que el ingreso de la delegación humanitaria no podría concretarse “en este momento”, si bien “el Estado colombiano enviará toda la información solicitada recientemente por la Comisión, garantizándole a este organismo el acceso transparente a la información oficial y unificada de todas las entidades del Estado”, reportó la agencia de noticias Europa Press.(TN)
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