Tras el escándalo por la fiesta en la quinta de Olivos, diputados nacionales de la Unión Cívica Radical (UCR) presentaron este Martes un proyecto de ley. La oposición impulsa una amnistía a todas las personas con causas penales abiertas por quebrar el aislamiento y el distanciamiento social decretados durante la pandemia del coronavirus.
Las excepciones a la amnistía incluye los casos en los cuales los imputados sean funcionarios públicos federales, provinciales o municipales; las reuniones o fiestas clandestinas, las personas que quebrantaron la cuarentena por estar contagiadas, haber sido contactos estrechos de un infectado de COVID-19 o por un viaje del exterior o de otra zona del país.
“La iniciativa busca la igualdad ante la ley frente a la transgresión del presidente Alberto Fernández, tras conocerse por fotos su participación en un cumpleaños en Olivos cuando estaban vigentes las medidas de prevención que el propio mandatario había decretado”, dijo el diputado por Chubut Gustavo Menna, impulsor del texto.
Amnistía Internacional: Malestar con Argentina y México por su voto sobre Nicaragua
La iniciativa es acompañada por el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, y los legisladores Ricardo Buryaile, Juan Martín, Roxana Reyes, Gabriela Lena, Jorge Lacoste, Claudia Najul, Atilio Benedetti, Alejandro Cacace, Federico Zamarbide, Carla Carrizo, Mario Arce, Lorena Matzen, Lidia Ascárate, Luis Pastori, Gonzalo del Cerro, Dolores Martínez, Karina Banfi, Ximena García y Brenda Austin.
“Tras el dictado de las medidas de prevención hubo en todo el país controles férreos que afectaron las libertades personales previstas en la Constitución. La persecución penal no discriminó entre los hechos que implicaban situaciones confusas de circulación por la vía pública a pie o en auto, de otras más graves como reuniones o fiestas clandestinas o el no cumplimiento de cuarentenas dispuestas para quienes estaban infectados, contactos estrechos o personas que arribaban de un viaje”, consideró Menna.
Desde Marzo del 2020, cuando el Gobierno nacional instauró la cuarentena obligatoria, se abrieron decenas de miles de procesos judiciales por violaciones de los artículos 205 y 248 del Código Penal. El 205 establece una prisión de 6 meses a 2 años para quien violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia. El 248, en tanto, reprime con hasta 2 años al funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase.
La propuesta “permitirá restablecer un sentido de justicia e igualdad ante la ley y evitará incurrir en la incongruencia de sancionar penalmente a los particulares por reglas que las autoridades incumplen, a sabiendas de lo que están haciendo”, agregó Menna.
El impulsor del proyecto opositor señaló además que “las normas dieron lugar a situaciones de violencia institucional muy graves, que en algunos casos implicaron la pérdida de vidas en circunstancias no esclarecidas como las de Facundo Astudillo Castro, Nahuel Gómez, Federico Rey, Alan Maidana, Lucas David Barrios, Ezequiel Corbalán, Ulises Rial, Augusto Oscar Iturralde, Lucas Nahuel Verón y Raúl Dávila en provincia de Buenos Aires; Luis Espinoza y Walter Nadal en Tucumán; Mauro Coronel y Franco Isorni en Santiago del Estero; Florencia Magalí Morales y un adolescente de nombre Franco en San Luis; Facundo Scalzo en CABA y Valentino Blas Correas en Córdoba”.(TN)
LA
