Hace pocos días, el cantante, exlíder de Tan Biónica, Chano Moreno Charpentier, volvió a ser internado tras sufrir una descompensación y luego fue trasladado a una clínica de rehabilitación para continuar un tratamiento por sus adicciones.
Esta semana, la mamá de Chano, Marina Charpentier, expuso en una jornada de reflexión en el Senado sobre las situaciones que tiene que atravesar como familiar de un enfermo de adicción y pidió una modificación de la ley de Salud Mental (26.657).
Puntualmente, Marina se refirió al artículo 20 que habla de las internaciones involuntarias. “El artículo 20 dice que el paciente tiene que dar su consentimiento para ser internado y eso es casi imposible, aunque yo creo que eso está puesto intencionalmente porque si lo sacaran y si fuera posible internar a todas las personas que realmente lo necesitan no habría donde. De hecho no hay donde, no hay lugares, no hay camas, no hay médicos, no hay capacitación, no hay nada. La ley está hecha para proteger la carencia de recursos, porque no los hay”, explicó la mamá de Chano.
El artículo 20 de la ley dice: “La internación involuntaria de una persona debe concebirse como recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios, y sólo podrá realizarse cuando a criterio del equipo de salud mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros”.
Además, indica que debe hacerse constar dictamen profesional del servicio asistencial que realice la internación, se debe determinar la situación de riesgo cierto e inminente, con la firma de dos profesionales de diferentes disciplinas; y demostrar la ausencia de otra alternativa eficaz para su tratamiento y un informe acerca de las instancias previas implementadas si las hubiera.
“La definición de riesgo inminente es tan estricta que pide algo que es imposible. Yo puedo saber que hay un riesgo, pero no si es cierto e inminente, porque el riesgo es una probabilidad de que algo suceda y cuando habla de cierto habla de certeza, entonces no puede ser riesgo y cierto al mismo tiempo”, planteó Sergio Grosman, psiquiatra (M.N.77.743), a TN
Según Grosman, sería beneficioso contemplar algunas alternativas de definición que tengan en cuenta el riesgo potencial. ¿Qué es el riesgo potencial? “Cuando se sabe que por una enfermedad una persona está viviendo mal y que va asumiendo situaciones de riesgo y creciente. En la medida que se va deslizando en esas acciones, cada vez está más cerca de que en algún momento suceda algo pernicioso”.
Sobre este punto, el Dr. Grosman consideró que debería haber algún organismo de intervención rápida, con un brazo de la Justicia que actúe en simultánea con el equipo de salud acorde a los tiempos que necesitan las decisiones sobre un paciente en riesgo. Los mecanismos actuales “son larguísimos, complicados a veces indescifrables para las familias”, remarcó.
En relación a este punto, Luciano Grasso, ex director nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud, uno de los impulsores de la ley consideró que esto podría contemplarse y hacerse pero no necesariamente mediante la modificación de la ley, sino en cuestiones operativas. “Si bien es cierto que la justicia debería ser más ágil, hay que remarcar que no se necesita la intervención de la Justicia para que un profesional interne a alguien contra su voluntad”, dijo Grasso.
“Lo que pasa es que cuando una persona va con una urgencia a un hospital, ahí se produce un rechazo”, manifestó Grasso. Y agregó: “Si una persona va por una crisis de intoxicación, por adicción, intento de suicidio, o lo que sea, a una guardia de un hospital y el psiquiatra o el médico de guardia no lo quiere internar porque el paciente no quiere, está haciendo mala praxis, está incumpliendo con su deber profesional”, sostuvo el ex director de Salud Mental.
“La ley nacional de salud mental es ejemplo en la región y un modelo a seguir en otros países del mundo. Sin embargo, su sola letra no alcanza: para que el sistema de atención en salud mental que se propone sea efectivo es imprescindible contar con el diseño, implementación y monitoreo de políticas públicas que acompañen el cambio de paradigma dispuesto por la ley”, afirmaron en un comunicado las Secretarías de Ejecución del Organismo de Revisión de la ley de todo el país.
Graciela Iglesias, del Órgano de Revisión de la ley, manifestó: “La ley no es responsable de lo que se la acusa. La falla está en el sistema que no termina de implementarla” y remarcó “Lo que se está reclamando es lo que la ley garantiza y regula. Lo que hay que cambiar es el sistema de alertas en la atención de la crisis”.
Por otro lado, señaló que “no es una cuestión de interpretación”, sino que es una cuestión de marco legal y que la ley responde a estándares jurídicos internacionales contemplados por la ONU, la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Además se enmarca dentro de los artículos 41 y 42 del Código Civil, que establece la capacidad del Estado para hacer una internación.
“No estoy de acuerdo con la redacción de la ley y, aunque estuviera de acuerdo, la implementación es imposible por la falta de recursos”, recalcó Charpentier. “Son cientos de personas que me escriben pero no solo de personas adictas, de personas con familiares con esquizofrenia, con autismo, con otras discapacidades, con anorexia, con gente que se corta, con depresión, que van a pedir ayuda y no hay turnos de salud mental, no hay psiquiatras en los hospitales”, afirmó.
“Hay muchísima más gente con problemas de salud mental de lo que nosotros creemos, en todas las familias hay alguien, hay muchísimas necesidades que no están satisfechas ni lo van a estar porque realmente no alcanza y porque el presupuesto que hay para salud mental es muy bajo y además no se ejecuta ni se destina a eso”, subrayó.
En este punto coincidió Grossman. “Sin recursos para ejecutar políticas de salud, hay aspectos positivos de la ley que se vuelven solo una declaración de buenas intenciones”, señaló el psiquiatra.
Datos sobre la salud mental
El 2% del presupuesto de salud se destina a salud mental. Según la ley debería ser el 10%.
Hay 12.035 personas internadas en hospitales psiquiátricos y el 60% por ciento no prestó consentimiento.
El tiempo promedio de internación es de ocho años.
Un 37% permanece internada por falta de dispositivos comunitarios o vivienda y un 36% porque está en una situación de riesgo cierto e inminente.
Estos datos surgen del primer censo sobre la situación de las personas internadas por motivos de salud mental, que se hizo en 2019. La ley establece que hay que censar cada dos años.
Hasta 2010, año en que se sancionó esta ley, según la investigación Vidas Arrasadas elaborada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Mental Disability Rights International (MDRI) -ya que no existen datos oficiales-, en Argentina había cerca de 25.000 personas entre instituciones psiquiátricas y comunidades terapéuticas.
Según constataron los investigadores que llevaron a cabo el relevamiento, allí vivían hacinadas, víctimas de abusos físicos, sexuales, e incluso tortura. La sobre medicación psicofarmacológica era práctica habitual, al igual que las sujeciones físicas a las camas sin controles clínicos, el abandono generalizado e incluso el electroshock. “En sintonía con esa realidad, las muertes nunca se investigaban”, señala el CELS en sus aportes para conocer la ley de salud mental.
En ese informe se redactaron una serie de recomendaciones para aplicar que hoy son parte de la ley actual.
“Fue necesaria una ley como esta para establecer una legalidad y detener la práctica compulsiva de internar a personas que, en la mayoría de los casos, no tenían una necesidad clínica”, sostiene el organismo.(TN)
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