Un jurado en Miami declaró el viernes responsable al exmarino argentino Roberto Guillermo Bravo por la matanza extrajudicial de un grupo de extremistas en una base naval argentina en los años 70 y ordenó una recompensa de más de 20 millones de dólares en daños y perjuicios a familiares de cuatro de las víctimas.
El veredicto unánime de los siete miembros del jurado fue revelado tras más de dos horas y media de deliberaciones en el último día del juicio que enfrentó Bravo por la llamada “Matanza de Trelew”, hace casi cinco décadas.
Es la primera vez que Bravo enfrenta a la justicia por la llamada “Masacre de Trelew”, que ocurrió en Argentina hace casi cinco décadas.
El fusilamiento fue en Argentina, pero la Ley de Protección de Víctimas de la Tortura permite acciones judiciales si los acusados están en Estados Unidos.
Bravo reside en este país desde 1973 y es ciudadano estadounidense naturalizado desde 1987. Las leyes argentinas impiden que los acusados sean enjuiciados en ausencia. Otros tres acusados fueron condenados en su país en 2012.
“Siento mucha satisfacción y que el mundo va a ser más justo de lo que era”, expresó a la AP Eduardo Cappello, quien presentó la demanda en nombre de su tío del mismo nombre, una de las víctimas. “Tenemos un claro objetivo: que sea juzgado en Argentina, y este veredicto es un argumento decisivo para el juez que tiene la extradición” en Estados Unidos.
Bravo, de 79 años, permaneció inmutable al escuchar el veredicto en la sala de audiencias, mientras que dos de los familiares escuchaban llorando.
“Estoy feliz por ellos”, dijo Bravo a The Associated Press cuando salía de la sala, mientras miraba fijamente a Raquel Camps, hija de una de las víctimas, que lloraba acongojada en los hombros de uno de los abogados.
Los cuatro demandantes son familiares de Eduardo Cappello, Rubén Bonet, Ana María Villarreal de Santucho y Alberto Camps.
de 19 prisioneros políticos desarmados en la base militar de Trelew, en la Patagonia, en la madrugada del 22 de agosto de 1972. De los ellos cuatro, el único sobreviviente fue Camps, que murió posteriormente.
Los demandantes estuvieron representados por el Centro de Justicia y Rendición de Cuentas y un bufete de abogados de San Francisco.
Poco antes de revelarse el veredicto, los familiares habían solicitado al jurado que declarase responsable al exmarino y le ordenaran pagar una recompensa de al menos 18 millones de dólares por los daños y perjuicios que les habría causado.
El jurado concedió más de 24 millones de dólares en total: 4 millones de dólares a Camps, 3.25 millones de dólares a Capello, 7.5 millones a la viuda de Bonnet, y 9.5 millones a Santucho.
