La Corte Suprema resolverá qué juez intervendrá en la causa por los afiches que aparecieron a principios de año en la Capital Federal acusando a la vicepresidente, Cristina Fernández, de “asesina” por la gestión de la pandemia y la compra de vacunas para combatirla.
El juez federal Sebastián Casanello “trabó el conflicto de competencia”, después de que la Cámara del Crimen porteña considerara que el expediente debía tramitar ante la Justicia Federal, pese a que la propia Cristina Fernández consideró que se habían afectado sus funciones como vicepresidente.
Al existir un tironeo entre la Justicia Nacional con asiento en la Capital Federal y los tribunales de Comodoro Py, el conflicto de competencia lo debe resolver el tribunal superior común, que en este caso es únicamente la Corte Suprema.
Entretanto, la investigación sigue adelante en el fuero federal porteño. De hecho, el juez a cargo del expediente sigue siendo Casanello, quien delegó la investigación en la fiscal Alejandra Mángano.
En la causa está identificada la mujer que encargó y pagó los afiches y las personas que, pese a las dudas que les generó el contenido, los pegaron en sitios de cartelería pública y cobraron por ese trabajo.
La denuncia que originó la investigación fue realizada por la empresa de Juan Ignacio Albistur, quien tiene la concesión del espacio público para ese tipo de cartelería.
El abogado Matías Cúneo Libarona, quien defiende a la mujer acusada por el encargue y el pago de los afiches, se opuso a que la causa pasara a la Justicia Federal y reclamó que regresara al juez de Instrucción Manuel de Campos.
De Campos rechazó en dos oportunidades el pedido de indagatoria de la imputada que le había formulado el fiscal Leonel Gómez Barbella y cuando Cristina Kirchner se presentó como querellante, patrocinada por el abogado Gregorio Dalbón, se declaró incompetente. (NA)
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