MIAMI (AP) — Por más de dos años, casi desde el momento en que fue arrestado con base en una orden de Estados Unidos, Alex Saab ha insistido en que es un diplomático venezolano perseguido por su trabajo ayudando al país sudamericano a evadir sanciones estadounidenses.
El empresario nacido en Colombia tendrá la oportunidad de demostrar esa aseveración ante un juez en Miami a cargo de evaluar la evidencia sobre si Saab realmente cuenta con estatus diplomático.
Un pequeño grupo de manifestantes con banderas venezolanas y carteles que decían “Liberen a Alex Saab” estaban el lunes afuera del edificio Wilke Ferguson en Miami, a donde entraban nutridos contingentes de fiscales y abogados con gruesas carpetas.
Saab, de 50 años, fue sacado de un avión privado en el verano de 2020 durante una parada de combustible en Cabo Verde cuando se dirigía a Irán, donde iba a negociar acuerdos petroleros para el gobierno socialista del presidente Nicolás Maduro. Es acusado de conspiración para cometer lavado de dinero en relación con un caso de sobornos que supuestamente desviaron 350 millones de dólares por vía de contratos públicos para construir viviendas asequibles para el gobierno venezolano.
Pero el caso penal se ha convertido en un tema controversial en momentos en que el gobierno actual de Joe Biden está tratando de mejorar relaciones con la nación miembro de la OPEP y conseguir nuevas fuentes de combustible para compensar la escasez de petróleo de Rusia, que está bajo sanciones por invadir Ucrania.
La disputa gira en torno a la inmunidad diplomática y sobre si Saab, bajo las leyes estadounidenses, puede aducir que era “enviado especial” en una misión humanitaria y secreta para negociar con el gobierno iraní en representación de Maduro.
Los abogados de Saab presentaron como evidencia lo que, según dijeron, eran notas diplomáticas entre Irán y Venezuela sobre lo que iba a ser el tercer viaje de Saab a Irán en cuestión de semanas. Al momento de ser arrestado, según dicen, Saab llevaba una carta sellada de Maduro al líder supremo iraní pidiéndole su apoyo para un acuerdo planeado para importar combustible, en momentos en que se formaban largas colas de vehículos en las gasolineras de Venezuela.
“Este es en realidad uno de esos casos donde si algo se parece a un pato, camina como un pato y suena como un pato, pues entonces es un pato”, declaró Jonathan New, uno de los abogados de Saab, en la presentación de argumentos. “El señor Saab era y sigue siendo un enviado especial”.
Pero el fiscal estadounidense Alex Kramer sostuvo que algunos de los documentos fueron falsificados “para darle algo de credibilidad a este argumento de que era algún tipo de enviado especial”.
Entre dichos documentos está un pasaporte diplomático, que Saab no llevaba consigo cuando fue arrestado y que tiene la misma foto y firma que otro pasaporte, no diplomático, emitido dos años antes.
Los fiscales cuestionan además la autenticidad de la edición de la Gaceta Oficial de Venezuela fechada el 26 de abril de 2018 en que supuestamente Saab fue designado enviado especial por decreto presidencial. El ejemplar de esa misma edición —número 6.373— en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y la versión digital en el sitio web del Tribunal Supremo de Venezuela no contienen esa supuesta designación.
La disputa se ha agravado por la revelación de que Saab, antes de ser arrestado, había accedido a ser informante de la agencia antidrogas estadounidense DEA y le estaba proveyendo información sobre corrupción en el entorno cercano de Maduro.
El tribunal del juez Robert Scola estaba atestado, mayormente por partidarios del gobierno venezolano. También estaba un colega de la escuela de leyes de Eyvin Hernandez, un abogado estadounidense de la defensoría pública de Los Ángeles que fue detenido por Venezuela en la frontera con Colombia hace poco y acusado de tratar de entrar al país ilegalmente.
Han circulado conjeturas de que Saab podría ser liberado a cambio de Hernandez y otros tres estadounidenses detenidos en Caracas. En octubre, dos sobrinos de Maduro convictos en Nueva York fueron liberados a cambio de siete estadounidenses detenidos en Venezuela. La administración Biden insiste en que no está involucrada en tales negociaciones.
Se estima que las audiencias durarán aproximadamente una semana.
